La formación de los estados nacionales en América Latina

Cuando los ejércitos independentistas vencieron a los últimos reductos realistas del continente, a mediados de la década de 1820, los líderes de la emancipación se encontraron ante una pregunta que nadie sabía exactamente cómo responder: ¿qué viene ahora? Las guerras de independencia habían destruido el orden institucional del que dependían las antiguas colonias: la autoridad virreinal, el aparato judicial de la Corona, los circuitos comerciales intercoloniales, los ejércitos regulares financiados desde Madrid. En su lugar quedaban territorios enormes, poco poblados, con economías desarticuladas y sociedades profundamente fragmentadas por el origen étnico, la región y la clase social.

La formación de los estados nacionales latinoamericanos no fue, por tanto, una consecuencia natural e inmediata de la independencia. Fue un proceso largo, violento y en muchos casos incompleto incluso al cabo de varias generaciones. Entre 1820 y 1880, América Latina vivió un período de ensayos constitucionales fallidos, guerras civiles recurrentes, hegemonías de hombres fuertes y débiles intentos de construcción institucional. El resultado, hacia finales del siglo XIX, fue un mapa de repúblicas formalmente organizadas pero en las que el poder real seguía dependiendo más de las redes de lealtad personal que de las normas escritas en los códigos.

El legado envenenado de la independencia

Las guerras de independencia no fueron solo conflictos contra la metrópoli española. Fueron también guerras civiles que pusieron a criollos contra peninsulares, a realistas locales contra patriotas, a una región contra otra y, en muchos casos, a las clases populares e indígenas contra sus propias élites. En México, la insurgencia de Hidalgo y Morelos tuvo un fuerte componente de rebelión social que aterrorizó a las élites criollas tanto como la propia presencia española. En el Río de la Plata, la independencia desencadenó décadas de enfrentamiento entre Buenos Aires y las provincias interiores.

Este legado de violencia y desconfianza mutua envenenó desde el principio los intentos de construir instituciones estables. Los estados que nacieron de la independencia heredaron fronteras trazadas a partir de las divisiones administrativas coloniales —los virreinatos y capitanías generales— sin que esas fronteras correspondieran necesariamente a identidades culturales, económicas ni geográficas coherentes. La Gran Colombia de Simón Bolívar, que unía Venezuela, Colombia y Ecuador, se fragmentó en 1830. Las Provincias Unidas del Centro de América, que habían agrupado a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, se deshicieron entre 1838 y 1840 tras una serie de guerras internas. El proyecto bolivariano de una confederación hispanoamericana había fracasado ya en el Congreso de Panamá de 1826, y la propia Gran Colombia se disolvió en el mismo año en que murió Bolívar, en diciembre de 1830.

Las constituciones y el problema del orden

Uno de los primeros gestos de las nuevas repúblicas fue redactar constituciones. Entre 1810 y 1850, América Latina produjo un número extraordinario de textos constitucionales: Venezuela tuvo siete constituciones distintas entre 1811 y 1864; Bolivia, seis entre 1826 y 1851. Esta proliferación no era señal de vitalidad democrática sino, en muchos casos, de todo lo contrario: cada vez que un nuevo hombre fuerte llegaba al poder, redactaba una nueva constitución que legitimaba su régimen.

Los debates constituyentes estuvieron dominados por dos grandes tradiciones que, con variantes locales, se enfrentaron en toda la región: el liberalismo de inspiración francesa y anglosajona, que apostaba por la soberanía popular, la separación de poderes y las libertades individuales, y el conservadurismo, que desconfiaba de esas ideas como fuentes de desorden y reivindicaba la continuidad con la herencia colonial, incluido el papel central de la Iglesia católica. La obra clásica de Tulio Halperin Donghi sobre la historia contemporánea del continente muestra cómo este conflicto entre liberales y conservadores fue la columna vertebral de la vida política latinoamericana del siglo XIX.

El problema era que ninguno de los dos bandos tenía la capacidad ni los recursos para construir un estado moderno por sus propios medios. Los nuevos gobiernos carecían de una burocracia eficiente, de un sistema fiscal capaz de recaudar los fondos necesarios, de un ejército nacional profesional y de una red de comunicaciones que conectara la capital con las provincias más remotas. En ese vacío institucional, el poder tendía a concentrarse en manos de quien controlaba los recursos militares locales: el caudillo.

El caudillismo como solución y como problema

El caudillo fue, simultáneamente, el producto y el obstáculo principal de la construcción estatal latinoamericana. En un entorno donde el estado era débil o inexistente, los hombres fuertes con capacidad para movilizar redes de lealtad —a través de la promesa de protección, la distribución de tierras, el patronazgo político o simplemente la fuerza— llenaron el vacío de poder. Figuras como Juan Manuel de Rosas en el Río de la Plata, Antonio López de Santa Anna en México o José Antonio Páez en Venezuela no eran simples tiranos: eran, en muchos sentidos, el único tipo de autoridad que las sociedades de su época podían reconocer y obedecer.

Pero el caudillismo creaba un círculo vicioso. Mientras el poder dependía de la persona del caudillo y no de las instituciones, cualquier crisis sucesoria podía desencadenar una nueva guerra civil. Las constituciones se convertían en papel mojado en cuanto el hombre que las había impulsado perdía el poder. La lealtad era al líder, no al estado. Los estudios sobre el caudillismo en América Latina muestran que este fenómeno no fue una desviación del proceso de construcción estatal sino su expresión más característica durante varias décadas.

Las guerras civiles y la violencia como política

Entre 1820 y 1880, prácticamente ningún país latinoamericano escapó a la guerra civil. En algunos casos, los conflictos fueron breves y localizados; en otros, se extendieron durante décadas y dejaron economías arrasadas y poblaciones diezmadas. México vivió una sucesión casi ininterrumpida de conflictos internos: la guerra entre liberales y conservadores conocida como Guerra de Reforma (1858-1861) fue seguida casi sin respiro por la Intervención francesa (1862-1867) y el Imperio de Maximiliano. Colombia, que cambió de nombre y de constitución varias veces (Nueva Granada, Confederación Granadina, Estados Unidos de Colombia), vivió varias guerras civiles generales, entre ellas las de 1839-1842, 1851, 1860-1862, 1876-1877 y 1884-1885, además de decenas de conflictos regionales. Argentina se dio una constitución en 1853, pero Buenos Aires permaneció separada de la Confederación hasta 1860-1862, y las provincias siguieron desafiando el poder central durante años.

La violencia no era solo un síntoma del fracaso institucional: era también un instrumento de construcción estatal. Las guerras civiles definían quién mandaba, trazaban las fronteras efectivas del poder y obligaban a los distintos actores a negociar el tipo de república que querían construir. El triunfo del liberalismo en México tras la Guerra de Reforma, o la consolidación del Estado argentino tras la batalla de Pavón en 1861, son ejemplos de cómo la violencia podía, en determinadas circunstancias, resolver provisionalmente el conflicto sobre el que debía ser el orden político dominante.

La consolidación liberal y el Estado oligárquico

A partir de la década de 1860 y, sobre todo, durante los años 1870-1880, varios países latinoamericanos vivieron lo que los historiadores suelen llamar la "consolidación liberal": la llegada al poder de élites que apostaban por el libre comercio, la inversión extranjera, la secularización del estado y la construcción de infraestructuras —ferrocarriles, telégrafos, puertos— que integraran el territorio nacional y lo conectaran con los mercados internacionales.

Fecha	Acontecimiento
1821	Independencia de México y Centroamérica; proclamación de la independencia del Perú
1825	Independencia de Bolivia; en 1826 capitulan los últimos reductos realistas del continente
1826	Congreso de Panamá: fracasa el proyecto de unidad hispanoamericana
1830	Disolución de la Gran Colombia en Venezuela, Colombia y Ecuador
1838-1840	Disolución de la Federación Centroamericana
1853	Constitución de Argentina; inicio de la organización nacional
1858-1861	Guerra de Reforma en México; triunfo liberal
1864-1870	Guerra del Paraguay; reconfiguración del equilibrio regional
1876	Porfirio Díaz llega al poder en México: inicio de la estabilidad autoritaria
1880	Buenos Aires federalizada; consolidación del Estado argentino

Este modelo de desarrollo —que los historiadores han denominado "liberal oligárquico"— logró dar una cierta estabilidad a los estados latinoamericanos, pero a un precio muy alto: la exclusión política de las mayorías, la concentración de la tierra en manos de pocas familias y la inserción subordinada de las economías latinoamericanas en el mercado mundial como exportadoras de materias primas. La economía agroexportadora que se consolidó en este período definió las estructuras sociales y políticas de la región hasta bien entrado el siglo XX.

El problema de la nación: identidad, ciudadanía y exclusión

Construir un estado era difícil. Construir una nación —es decir, un conjunto de ciudadanos que se identificaran con ese estado y lo reconocieran como propio— era aún más complicado en sociedades marcadas por profundas divisiones étnicas y sociales. Las élites criollas que dirigieron el proceso de construcción estatal tenían una visión ambigua y con frecuencia contradictoria de la población indígena, mestiza y afrodescendiente que constituía la mayor parte de los habitantes de sus territorios.

En términos formales, las constituciones republicanas proclamaban la igualdad de todos los ciudadanos y abolían los privilegios de casta propios del régimen colonial. En la práctica, los requisitos de alfabetización o de propiedad para ejercer el voto excluían a la gran mayoría de la población. Los indígenas, que en países como Perú, Bolivia o Guatemala eran la mayoría de la población y en México una parte muy considerable, fueron con frecuencia objeto de políticas contradictorias: reconocidos formalmente como ciudadanos, pero privados en la práctica de sus tierras comunales y sometidos a regímenes de trabajo forzado que recordaban más al colonialismo que a la república.

La construcción de una identidad nacional coherente fue, en muchos países, una tarea de las últimas décadas del siglo XIX y de buena parte del XX. Los historiadores, los intelectuales y los sistemas educativos que emergieron bajo los estados liberales trabajaron activamente para crear relatos nacionales que dieran cohesión a sociedades fragmentadas. Pero estos relatos tendían a privilegiar ciertos elementos de la herencia cultural —la herencia española, o la herencia indígena prehispánica, según los casos— mientras invisibilizaban o marginalizaban a los grupos que no encajaban cómodamente en el esquema.