Liberales contra conservadores en el siglo XIX

A lo largo del siglo XIX, las repúblicas latinoamericanas estuvieron sacudidas por una pugna que se repetía, con variaciones locales pero contornos reconocibles, de México a la Argentina, de Colombia a Chile: el enfrentamiento entre liberales y conservadores. No fue solo un debate de ideas, aunque las ideas importaban. Fue un conflicto político, militar y social que costó decenas de miles de vidas, alteró fronteras internas, derrocó gobiernos y moldeó de manera profunda la forma en que cada nación se entendió a sí misma.

Las tensiones que lo alimentaron —entre la autoridad de la Iglesia y el poder del Estado, entre el federalismo y el centralismo, entre la tradición y la reforma— reaparecieron, con otros nombres, en el siglo XX.

Pero es necesario comenzar con una advertencia: las etiquetas «liberal» y «conservador» del siglo XIX latinoamericano no equivalen exactamente a sus homónimas europeas, ni tampoco a las categorías políticas del siglo XXI. Los actores históricos las usaban con propósitos retóricos tanto como descriptivos, y la realidad del poder concreto solía ser bastante más turbia que cualquier manifiesto.

El punto de partida: dos herencias en disputa

Las independencias dejaron a las nuevas repúblicas ante una herencia doble y contradictoria. Por un lado, el legado del Antiguo Régimen: una Iglesia poderosa, una sociedad estratificada en corporaciones y estamentos, unas élites criollas habituadas a ejercer el poder local bajo la tutela de la Corona. Por otro, el ideal ilustrado y revolucionario que había justificado la emancipación: la soberanía popular, la igualdad ante la ley, la libertad de prensa, la separación de poderes.

¿Qué hacer con la Iglesia? ¿Cuánto poder debía tener el gobierno central frente a las provincias? ¿Debía mantenerse el fuero militar y eclesiástico, o todos los ciudadanos debían ser iguales ante los tribunales civiles? ¿Podía haber libertad de cultos, o la nación era por definición católica? Estas preguntas no tenían respuesta sencilla, y el intento de responderlas es lo que, en líneas generales, separó a liberales de conservadores durante casi toda la centuria.

Los conservadores tendieron a defender la continuidad de las instituciones heredadas de la Colonia: la alianza entre la Iglesia y el Estado, la vigencia de los fueros corporativos, el orden social jerárquico y la autoridad fuerte. No eran enemigos de la independencia —la gran mayoría la aceptó como un hecho consumado—, pero querían una república ordenada y estable antes que una transformación radical de la sociedad. En muchos países abogaron por el centralismo: un gobierno fuerte en la capital capaz de mantener el orden.

Los liberales, en cambio, reclamaban la reducción del poder de la Iglesia, la supresión de los fueros corporativos, la libertad de expresión y de comercio, y en la mayor parte de los casos el federalismo como forma de organización del Estado. Bebían del liberalismo clásico europeo —de Locke, de los ideólogos franceses, de la Constitución de Cádiz de 1812— y veían en las instituciones heredadas de la Colonia el obstáculo principal para el progreso de sus naciones.

El nudo gordo: la cuestión eclesiástica

De todos los frentes del conflicto, el más encendido y persistente fue el de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. No es difícil entender por qué: la Iglesia no era solo una institución espiritual. Era la mayor terrateniente de muchos países, el administrador de hospitales, escuelas y cementerios, el registrador de nacimientos, matrimonios y defunciones. Su poder era, al mismo tiempo, económico, social, cultural y político.

Los liberales veían en ese poder un obstáculo doble: frenaba el desarrollo del mercado de tierras —necesario para la agricultura capitalista— y mantenía a la población bajo una tutela intelectual incompatible con la ciudadanía moderna. La desamortización de bienes eclesiásticos —la venta forzosa de las propiedades en «manos muertas»— fue una de las banderas más características del liberalismo latinoamericano. En México, la Ley Lerdo de 1856 y las Leyes de Reforma promulgadas por el gobierno de Benito Juárez en 1859-1860, en plena guerra civil, constituyeron el ejemplo más radical y articulado de este programa.

Los conservadores respondían que atacar a la Iglesia era destruir el único tejido de cohesión social que tenían las nuevas repúblicas. Sin la Iglesia, argumentaban, no había escuelas, no había hospitales, no había cementerios, no había registros. Y sobre todo, no había moral pública capaz de mantener unida a una sociedad profundamente desigual. El argumento tenía su parte de razón práctica, aunque también enmascaraba intereses muy concretos.

Guerras, constituciones y caudillos

El debate ideológico rara vez se resolvió en las cámaras legislativas. Con frecuencia desembocó en guerras civiles. La historia del siglo XIX latinoamericano es, en buena medida, una sucesión de conflictos armados en los que liberales y conservadores se disputaban el control de los gobiernos.

Colombia —entonces conocida como la Nueva Granada y luego como los Estados Unidos de Colombia— vivió varias guerras civiles a lo largo del siglo, muchas de ellas con clara línea divisoria ideológica. Chile conoció las guerras civiles de 1851 y 1859 contra los gobiernos conservadores, y la de 1891, que enfrentó al presidente Balmaceda con el Congreso más que a dos ideologías. Argentina pasó décadas de enfrentamientos entre unitarios y federales, que aunque no calcaban exactamente la división liberal-conservadora, la solapaban en puntos fundamentales. Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Guatemala, El Salvador: ningún país de la región escapó a variantes de este conflicto.

Las constituciones reflejaban ese vaivén. Cada vez que una facción tomaba el poder, tendía a redactar una nueva carta magna que consagrara sus principios. El resultado fue una proliferación constitucional sin parangón: México tuvo en pocas décadas varias constituciones, Colombia también, y el resto de los países latinoamericanos siguieron pautas similares. Los estudios comparados sobre el constitucionalismo decimonónico muestran una actividad constituyente de una intensidad poco común en el mundo de su época.

En ese escenario, el caudillo —el hombre fuerte de a caballo, capaz de reunir lealtades personales y movilizar ejércitos irregulares— fue el actor político central. Y aquí la división entre liberales y conservadores se volvía más borrosa: hubo caudillos de ambos signos, y muchos de ellos combinaban elementos de los dos campos según las circunstancias lo exigían.

La economía del debate: libre comercio y proteccionismo

Las diferencias ideológicas no se limitaban al terreno religioso o constitucional. También abarcaban la política económica, aunque aquí las posiciones no siempre siguieron líneas claras.

En general, los liberales tendieron a favorecer el libre comercio y la integración de sus países en la economía mundial como exportadores de materias primas. Era una posición que coincidía con los intereses de los grandes hacendados y comerciantes vinculados al mercado exterior. Los conservadores, con más frecuencia aunque no de forma sistemática, defendieron formas de proteccionismo para los artesanos y manufacturas locales que la competencia extranjera amenazaba.

Esta aparente paradoja —el liberalismo «moderno» al servicio de la exportación de materias primas, el conservadurismo «tradicional» protegiendo la producción local— es una de las razones por las que los historiadores actuales son cautelosos al usar estas etiquetas sin matices. El análisis económico del siglo XIX latinoamericano muestra que los intereses de clase cruzaban con frecuencia las fronteras ideológicas.

El triunfo liberal y sus contradicciones

Hacia las últimas décadas del siglo XIX, el liberalismo había conseguido imponerse en la mayor parte de América Latina, al menos en el plano formal. Las reformas desamortizadoras se habían consumado o estaban en marcha. Los registros civiles habían sustituido a los eclesiásticos. Los cementerios civiles existían en casi todas las capitales. Los fueros corporativos habían sido suprimidos sobre el papel.

Pero el triunfo liberal conllevaba sus propias contradicciones. En muchos países, la desamortización de bienes eclesiásticos no benefició a los campesinos pobres sino a los grandes terratenientes laicos, que adquirieron a precio de saldo las antiguas propiedades de la Iglesia. La libertad de comercio arruinó artesanías y manufactura local. Y los gobiernos liberales, paradójicamente, resultaron con frecuencia tan autoritarios como sus adversarios conservadores: el caso de Porfirio Díaz en México es el más conocido, pero no el único.

Buena parte de la historiografía actual matiza así el relato heredado: ni el liberalismo decimonónico fue tan emancipador como proclamaba, ni el conservadurismo fue tan reaccionario como lo pintaban sus enemigos. Ambos fueron expresiones de élites que luchaban por el control del Estado y los recursos nacionales, con proyectos distintos para la nación pero igualmente excluyentes para la mayoría de la población.

Cronología del enfrentamiento liberal-conservador

Fecha	Acontecimiento
1821–1830	Primeras constituciones de las repúblicas independientes; debate inicial entre centralismo y federalismo
1830–1850	Consolidación de los partidos liberal y conservador en la mayoría de los países latinoamericanos
1848–1860	Oleada de reformas liberales; influencia de las revoluciones europeas de 1848
1855–1861	México: Ley Juárez, Ley Lerdo, Constitución de 1857 y guerra de Reforma (1858–1861)
1861–1876	Período de dominio liberal en varios países; desamortizaciones eclesiásticas generalizadas
1876–1911	El Porfiriato en México: liberalismo en la forma, autoritarismo en la práctica
1885–1900	Consolidación de las oligarquías liberales exportadoras en toda América Latina