Las Reformas Borbónicas

En 1700 moría sin descendencia Carlos II, el último rey de la casa de Austria que gobernó España. Su muerte abrió una guerra de sucesión que duró trece años y terminó sentando en el trono a Felipe V, nieto de Luis XIV de Francia y primer representante de la dinastía Borbón en la Monarquía hispánica. Con él llegó algo más que un cambio dinástico: llegó una nueva forma de entender el Estado, la economía y el papel que debían desempeñar los territorios americanos en el conjunto del Imperio.

Las Reformas Borbónicas no fueron un plan único ni coherente desde el principio. Fueron, más bien, un conjunto de medidas que se fue articulando a lo largo de casi un siglo —con especial intensidad durante el reinado de Carlos III (1759-1788)— y que tenían un objetivo central: recuperar la eficiencia y la rentabilidad de un Imperio que la Corona consideraba mal administrado, excesivamente autónomo en sus partes y demasiado permeable a los intereses de las élites locales.

El resultado fue, paradójicamente, el opuesto al buscado. Las reformas modernizaron parcialmente la administración y aumentaron los ingresos fiscales, sí. Pero también crearon resentimientos profundos, fracturaron la lealtad de sectores clave de la sociedad colonial y sembraron las semillas del descontento que, unas décadas más tarde, alimentaría los movimientos de independencia.

El diagnóstico borbónico: un Imperio enfermo

Los reformadores borbónicos partían de un diagnóstico compartido: el sistema colonial heredado de los Habsburgo era ineficiente, corrupto y, sobre todo, beneficiaba más a otros que a la propia Corona española. Los comerciantes de Cádiz monopolizaban el comercio con América, pero parte de esas riquezas terminaban en manos de ingleses, holandeses y franceses a través del contrabando y los tratados comerciales. Los virreyes y audiencias gobernaban con excesiva autonomía. Las élites criollas habían conseguido controlar los cabildos y buena parte de la administración local. La Iglesia acumulaba propiedades e influencia que los ilustrados madrileños consideraban incompatibles con un Estado moderno.

El modelo a imitar era Francia bajo el absolutismo ilustrado: un Estado centralizado, una administración profesional, una economía mercantilista con reglas claras y unos territorios ultramarinos que funcionasen como lo que los borbones querían que fuesen —fuentes de recursos para la metrópoli—, no como reinos semiautónomos con dinámicas propias.

Para llevar a cabo este diagnóstico y preparar las reformas, la Corona envió visitadores generales a América. El más influyente fue José de Gálvez, quien visitó Nueva España entre 1765 y 1771 y luego, como ministro de Indias, se convirtió en el gran arquitecto de las reformas durante el reinado de Carlos III.

La reorganización administrativa: intendentes y nuevos virreinatos

El instrumento más poderoso de las reformas fue la creación del sistema de intendencias. Inspirado directamente en el modelo francés, el sistema sustituyó a los corregidores —cuya corrupción era proverbial— por intendentes: funcionarios profesionales, de nombramiento real, con competencias amplias en materia fiscal, judicial, militar y de obras públicas.

Las intendencias se implantaron en Cuba (1764), luego en el Río de la Plata (1782), en el Perú (1784) y finalmente en Nueva España (1786). Horst Pietschmann estudió su aplicación en Las reformas borbónicas y el sistema de intendencias en Nueva España. No fue un proceso suave. Los intendentes chocaron sistemáticamente con los poderes establecidos —cabildos, audiencias, obispos, grandes propietarios— que veían en ellos una amenaza directa a sus privilegios. Muchos intendentes carecían del conocimiento local necesario para gobernar bien territorios enormes y heterogéneos. La reforma fue parcialmente exitosa en términos fiscales, pero generó fricciones que no cesaron.

La Corona también reconfiguró el mapa político de América. En 1717 se creó el Virreinato de Nueva Granada (con capital en Santa Fe de Bogotá), que separó los territorios del norte de Sudamérica del Virreinato del Perú; suprimido en 1723, fue restablecido definitivamente en 1739. En 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata, con Buenos Aires como capital, para proteger el estratégico estuario del Plata frente a las ambiciones portuguesas e inglesas y para controlar mejor el comercio de la plata potosina.

La liberalización del comercio: un monopolio que se abre… pero no del todo

Durante los Habsburgo, el comercio entre España y América estaba sometido a un monopolio estrictísimo: solo podían comerciar los puertos de Sevilla (y después Cádiz), y solo a través del sistema de flotas y galeones que hacían la travesía en fechas fijadas. El sistema beneficiaba a los mercaderes del monopolio, pero era profundamente ineficiente y dejaba enormes espacios para el contrabando.

Los Borbones lo fueron desmantelando por etapas. En 1765 se autorizó el comercio directo entre nueve puertos peninsulares y las islas españolas del Caribe. En 1778, el Reglamento de Libre Comercio extendió la medida a la mayor parte del Imperio: trece puertos españoles y veinticuatro americanos podían ahora comerciar entre sí sin pasar por el monopolio gaditano.

El resultado fue un aumento notable del volumen de comercio y de los ingresos aduaneros. Pero "libre comercio" era un término relativo: el comercio con potencias extranjeras seguía prohibido en teoría (aunque no en la práctica del contrabando), y el reglamento gravaba menos los productos fabricados en España que los extranjeros reexportados, con la intención de estimular la industria peninsular. En la práctica, la apertura benefició sobre todo a nuevos comerciantes de puertos como Barcelona, Málaga o Santander y penalizó a los grandes monopolistas tradicionales de Cádiz y México, creando nuevos conflictos de intereses dentro de la propia élite colonial.

Cronología de las principales reformas

Fecha	Medida
1717	Creación del Virreinato de Nueva Granada
1739	Reconstitución definitiva del Virreinato de Nueva Granada
1765	Apertura del comercio libre al Caribe; visita de Gálvez a Nueva España
1767	Expulsión de la Compañía de Jesús de todos los territorios hispánicos
1776	Creación del Virreinato del Río de la Plata; José de Gálvez, ministro de Indias
1778	Reglamento de Libre Comercio: extensión a la mayor parte del Imperio
1782	Ordenanza de Intendentes para el Río de la Plata
1784	Implantación del sistema de intendencias en el Perú
1786	Ordenanza de Intendentes para Nueva España

La expulsión de los jesuitas: el golpe más audaz

Entre todas las medidas del reinado de Carlos III, ninguna tuvo consecuencias tan inmediatas y tan profundas como la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767. Los jesuitas eran la orden más influyente en América: controlaban los mejores colegios y universidades, poseían propiedades rurales extensísimas —las famosas estancias jesuíticas del Río de la Plata y las haciendas de Nueva España—, y habían construido en Paraguay y en las misiones del norte de México un sistema de gobierno de las poblaciones indígenas que funcionaba con notable autonomía respecto a la Corona y los poderes civiles.

Las razones de la expulsión fueron múltiples: la obediencia de los jesuitas al papa por encima de los reyes chocaba con el regalismo borbónico; la acumulación de riquezas de la orden generaba envidias; y circulaba la acusación —nunca probada— de que los jesuitas habían conspirado contra el rey. Carlos III firmó el decreto en secreto a finales de febrero de 1767; en América, las autoridades lo ejecutaron por sorpresa a medida que llegaban las órdenes —en Nueva España, el 25 de junio—, detuvieron a los miembros de la Compañía y los embarcaron rumbo a Europa, desde donde acabarían en Italia.

Las consecuencias fueron enormes. En las misiones guaraníes del Paraguay, cuya organización los jesuitas habían sostenido durante más de un siglo, el sistema colapsó en pocas décadas. Las propiedades confiscadas no siempre encontraron gestores competentes. Y entre muchos criollos que se habían educado en colegios jesuitas, o que tenían hijos y hermanos en la orden, la medida fue recibida con una mezcla de perplejidad y resentimiento.

El descontento criollo: la grieta que no se cerró

Las Reformas Borbónicas tenían un componente que sus diseñadores nunca formularon abiertamente pero que estaba implícito en muchas medidas: la desconfianza hacia los criollos. Los nacidos en América, aunque descendientes de españoles, eran considerados menos leales, más proclives a anteponer los intereses locales a los de la Corona, más susceptibles de ser corrompidos por el ambiente americano.

En consecuencia, los puestos más importantes de la nueva administración —intendentes, regentes de audiencias, altos cargos militares— fueron sistemáticamente reservados para peninsulares. Los criollos que durante generaciones habían comprado u obtenido por méritos posiciones relevantes en la administración colonial se encontraron desplazados por forasteros recién llegados de España que no conocían el territorio y que, con frecuencia, los miraban con condescendencia.

Este agravio fue quizá el más duradero de todos los producidos por las reformas y alimentó el descontento de la sociedad criolla. El pensamiento ilustrado, que circulaba por los mismos colegios y tertulias que la Corona pretendía controlar, ofrecía a las élites americanas un vocabulario para articularlo: soberanía, representación, derechos naturales. La distancia entre el ideario ilustrado que los Borbones utilizaban para justificar sus reformas y la realidad de un Imperio que trataba cada vez más a sus territorios americanos como colonias subordinadas era difícil de ignorar. John Lynch llegó a hablar de una «segunda conquista de América» en Las revoluciones hispanoamericanas, 1808-1826, una interpretación que otros historiadores han matizado.

Un balance contradictorio

Las Reformas Borbónicas lograron sus objetivos fiscales a corto plazo. Los ingresos de la Corona procedentes de América crecieron sustancialmente durante la segunda mitad del siglo XVIII, gracias también al estanco del tabaco y a una recaudación más eficaz de la alcabala. El precio fue alto: las subidas fiscales estuvieron en el origen de la rebelión de Túpac Amaru en el Perú (1780) y de la de los Comuneros del Socorro en Nueva Granada (1781). El comercio colonial aumentó en volumen. La administración se profesionalizó en algunos aspectos. Buenos Aires, Lima y Ciudad de México vivieron un florecimiento urbano e intelectual que los viajeros ilustrados europeos —como Alejandro de Humboldt, cuyo Ensayo político sobre el reino de la Nueva España sigue siendo una fuente fundamental— describieron con admiración.

Pero los costes políticos a largo plazo fueron igualmente reales. La Corona modernizó la maquinaria del Imperio justo en el momento en que las ideas que podían cuestionarlo se difundían por todo el mundo atlántico. Creó una clase de administradores más eficientes pero también más distantes del territorio que administraban. Y, sobre todo, alimentó el resentimiento de las élites criollas en un momento en que el ejemplo de la revolución norteamericana y la francesa mostraba que los imperios podían desmoronarse.

Cuando, en 1808, Napoleón ocupó España y retuvo en Francia a Carlos IV y Fernando VII tras las abdicaciones de Bayona, el edificio reformado de la administración colonial no resistió. Las mismas élites criollas que las reformas habían desplazado encontraron en ese momento su oportunidad. El ciclo que los Borbones habían querido cerrar —la autonomía americana— se reabrió con más fuerza que nunca, y esta vez no hubo manera de cerrarlo.