La Guerra Fría en América Latina

En junio de 1954, aviones pilotados por mercenarios al servicio de la CIA atacaron Ciudad de Guatemala. El gobierno democráticamente elegido de Jacobo Árbenz —que había expropiado tierras ociosas a la United Fruit Company— cayó en pocos días. Washington presentó la operación como una victoria contra el comunismo internacional; la documentación desclasificada ha confirmado que fue un golpe de Estado organizado desde el exterior. Ese episodio condensa buena parte de la lógica de la Guerra Fría en América Latina: un conflicto librado en nombre de la ideología pero movido también por intereses económicos, en el que las poblaciones de la región pagaron el precio más alto.

Durante más de cuatro décadas, entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la disolución de la Unión Soviética, América Latina fue uno de los principales escenarios del enfrentamiento bipolar. No hubo guerra nuclear —ni siquiera guerra convencional entre las superpotencias—, pero sí dictaduras apoyadas desde el exterior, guerrillas, desapariciones, torturas y cientos de miles de muertos, la mayoría en Centroamérica: solo en Guatemala, la comisión de la verdad de la ONU estimó en unos 200.000 los muertos y desaparecidos de la guerra civil. América Latina, a menudo llamada el «patio trasero» de Washington, fue tratada como una pieza de un tablero global.

El contexto: por qué América Latina importaba tanto

La lógica que hizo de América Latina un escenario prioritario de la Guerra Fría arranca de la tradición de la política exterior estadounidense. La Doctrina Monroe —formulada en 1823 y ampliada en 1904 por el corolario Roosevelt— rechazaba la injerencia europea en el hemisferio y acabó sirviendo para justificar la tutela de Washington sobre él. Cuando en 1947 el presidente Truman articuló la doctrina de «contención» del comunismo, América Latina quedó automáticamente incluida en el perímetro que había que defender.

Pero había algo más concreto que la doctrina: los recursos. América Latina producía petróleo venezolano, cobre chileno, plátanos centroamericanos, azúcar cubana. Las empresas estadounidenses tenían intereses directos en la región. Gobiernos que intentaron nacionalizar esos recursos o redistribuir tierras —aunque lo hicieran por procedimientos democráticos— fueron con frecuencia etiquetados como «comunistas» y tratados en consecuencia.

La Unión Soviética, por su parte, vio en América Latina una oportunidad para erosionar la influencia estadounidense en su propio hemisferio, aunque durante años la consideró una región secundaria. Moscú no controlaba los movimientos revolucionarios latinoamericanos —en su mayoría fenómenos autóctonos—, y los partidos comunistas prosoviéticos rechazaron a menudo la lucha armada; el apoyo material llegó sobre todo a Cuba y, a través de ella, a otros movimientos.

La primera ola: intervenciones y anticomunismo (1947–1959)

Los primeros años de la Guerra Fría en América Latina se caracterizaron por la persecución sistemática de los partidos comunistas y los sindicatos de izquierda. El Tratado de Río de Janeiro (1947) y la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948 institucionalizaron el anticomunismo como política hemisférica. Con el aliento de Washington, varios países de la región ilegalizaron sus partidos comunistas y expulsaron a representantes sindicales.

Guatemala fue el caso paradigmático. Juan José Arévalo (1945–1951) y Jacobo Árbenz (1951–1954) protagonizaron la llamada «primavera democrática» o «década revolucionaria»: reformas laborales, ampliación del sufragio, reforma agraria. Cuando Árbenz expropió tierras sin cultivar de la United Fruit Company —ofreciendo compensación al valor catastral declarado por la propia empresa—, Washington puso en marcha la Operación PBSUCCESS. La CIA entrenó a un pequeño ejército de exiliados en Honduras, coordinó la desinformación mediática y organizó los ataques aéreos que, más que la escasa fuerza invasora, quebraron la moral del ejército guatemalteco, que acabó abandonando a Árbenz. El golpe de 1954 abrió décadas de violencia política.

Bolivia vivió en esos mismos años su propia revolución (1952), con nacionalización de las minas de estaño y reforma agraria. Aquí Washington adoptó una estrategia distinta: en lugar de derrocar al gobierno, lo integró mediante ayuda económica condicionada, logrando moderarlo sin necesidad de intervención directa.

El punto de inflexión: Cuba y la radicalización (1959–1962)

El triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959 cambió todos los cálculos. Por primera vez, un gobierno abiertamente revolucionario se instalaba a noventa millas de las costas de Florida. El régimen de Fidel Castro —inicialmente presentado como un movimiento nacionalista, no comunista— se radicalizó rápidamente, en una espiral de expropiaciones cubanas y represalias estadounidenses que desembocó en la ruptura de relaciones y el embargo; se alineó con Moscú y proclamó el carácter socialista de la revolución en abril de 1961.

La respuesta de Washington fue la invasión de Bahía de Cochinos (abril de 1961): un fiasco militar que reforzó el prestigio de Castro y contribuyó a que Moscú decidiera instalar misiles nucleares en Cuba. La Crisis de los Misiles de octubre de 1962 llevó al mundo más cerca de una guerra nuclear que en ningún otro momento de la Guerra Fría. La resolución de la crisis —retirada soviética a cambio de garantías norteamericanas de no invadir Cuba— estabilizó la situación pero dejó a América Latina en una posición todavía más tensa: ahora había un modelo revolucionario triunfante en el Caribe y numerosos grupos dispuestos a replicarlo.

Para ver hasta dónde llegó la proyección exterior cubana, el libro de Piero Gleijeses sobre Cuba y África ofrece una perspectiva que va más allá de la visión estrictamente latinoamericana.

La segunda ola: guerrillas, golpes y Doctrina de Seguridad Nacional (1960–1976)

La respuesta norteamericana al ejemplo cubano tuvo dos caras. La primera fue la Alianza para el Progreso, lanzada por Kennedy en 1961: miles de millones de dólares en ayuda económica condicionada, orientados a impulsar reformas que hicieran innecesaria la revolución. La segunda —más determinante a largo plazo— fue la formación de los ejércitos latinoamericanos en la contrainsurgencia, que alimentó la llamada «doctrina de seguridad nacional».

En la Escuela de las Américas (Fort Gulick, Panamá), miles de militares latinoamericanos recibieron instrucción en contrainsurgencia e inteligencia; manuales de la escuela desclasificados en 1996 recomendaban métodos de interrogatorio coercitivos. La doctrina redefinía al «enemigo»: ya no era un ejército extranjero invasor, sino el «subversivo» interno —cualquier persona considerada simpatizante del comunismo, lo que en la práctica podía incluir sindicalistas, campesinos, periodistas, sacerdotes o académicos.

Esta doctrina fue el sustrato ideológico de los golpes de Estado que jalonaron el continente: Brasil (1964), Bolivia (1971), Uruguay y Chile (1973), Argentina (1976). En estos casos, militares formados en buena parte en esa doctrina, y con el apoyo o la aquiescencia de Washington en grados distintos según el país, derrocaron gobiernos —electos en su mayoría— con el argumento de combatir la «amenaza comunista», a menudo con respaldo de sectores civiles locales. La Operación Cóndor fue la expresión más extrema de este proceso: una red de coordinación transnacional entre las dictaduras del Cono Sur para perseguir, torturar y asesinar a opositores más allá de las fronteras nacionales.

La cronología del conflicto

Fecha	Acontecimiento
1947	Tratado de Río de Janeiro; inicio de la Guerra Fría en el hemisferio
1954	Golpe de Estado en Guatemala patrocinado por la CIA
1959	Triunfo de la Revolución Cubana
1961	Invasión de Bahía de Cochinos; Alianza para el Progreso
1962	Crisis de los Misiles de Cuba
1964	Golpe militar en Brasil apoyado por Washington
1973	Golpes en Uruguay y Chile; muerte de Salvador Allende
1976	Golpe en Argentina; inicio de la dictadura más sangrienta del Cono Sur
1979	Revolución Sandinista en Nicaragua
1983	Invasión estadounidense de Granada; guerra de la Contra en Nicaragua
1989	Caída del Muro de Berlín; inicio del fin de la Guerra Fría
1991	Disolución de la URSS; fin oficial de la Guerra Fría

La última fase: Centroamérica y el ocaso (1979–1991)

La década de 1980 supuso un recrudecimiento del conflicto, esta vez concentrado en Centroamérica. La Revolución Sandinista en Nicaragua (1979) alarmó a Washington, que bajo Reagan financió y armó a la Contra —fuerzas irregulares que operaban sobre todo desde Honduras— en una guerra que causó decenas de miles de muertos. En El Salvador, la guerrilla del FMLN combatió durante doce años a un ejército sostenido con ayuda norteamericana. En Guatemala, la guerra civil que había comenzado en los años sesenta se prolongó hasta 1996, con masacres de poblaciones mayas que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, auspiciada por la ONU, atribuyó en su gran mayoría al Estado y calificó en parte como actos de genocidio.

La Doctrina Reagan —variante actualizada de la lógica de la Guerra Fría— añadió la disposición a apoyar a fuerzas insurgentes que combatieran regímenes prosoviéticos, de Nicaragua a Afganistán. El escándalo Irán-Contra (1986) reveló que miembros de la administración estadounidense habían financiado a la Contra nicaragüense con fondos obtenidos ilegalmente de la venta de armas a Irán, eludiendo la prohibición expresa del Congreso.

Para entender la lógica de las guerrillas que combatieron en este período, los textos del Che Guevara sobre guerra de guerrillas siguen siendo documentos de primera importancia, más allá de su dimensión ideológica.

El legado: entre el trauma y la democracia incompleta

La Guerra Fría dejó en América Latina un saldo muy grave. Las cifras exactas son imposibles de establecer, pero las comisiones de la verdad que trabajaron en Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador y otros países documentaron decenas de miles de desaparecidos, asesinados y torturados. Las cicatrices institucionales fueron igualmente profundas: ejércitos acostumbrados a operar al margen de cualquier control civil, sistemas judiciales cooptados, culturas políticas marcadas por el miedo y la desconfianza.

La transición a la democracia que se produjo en la mayoría de los países durante los años ochenta fue, en muchos casos, una democracia negociada con los militares que garantizó durante años la impunidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos. No fue hasta los años noventa y dos mil cuando algunos países empezaron a reabrir esos casos —con resultados muy dispares.

El debate historiográfico sobre la Guerra Fría latinoamericana está lejos de haberse cerrado. Hay acuerdo en reconocer el peso de la injerencia estadounidense, pero la historiografía reciente —como la síntesis de Vanni Pettinà— insiste también en que los actores locales —tanto los que buscaron el apoyo de Washington como los que buscaron el de Moscú— tenían sus propias agendas e intereses. América Latina no fue un tablero pasivo: también fue escenario de proyectos políticos propios, de izquierda y de derecha, que deben estudiarse en sus propios términos.

Para quienes quieran adentrarse en la dimensión económica del período, Dependencia y desarrollo en América Latina, de Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto (1969) es el texto clásico de la teoría de la dependencia, elaborada en esos mismos años.