Las dictaduras militares del Cono Sur

Entre 1964 y 1990, el extremo meridional del continente americano vivió una de las épocas más duras de su historia moderna. Brasil, Uruguay, Chile y Argentina cayeron uno tras otro bajo regímenes militares, mientras en Paraguay se prolongaba la dictadura de Alfredo Stroessner, en el poder desde 1954. Aquellos regímenes compartían una misma doctrina, la de la seguridad nacional, que convertía al opositor político en «enemigo interno» y justificaba su persecución. No fue una simple coincidencia de crisis nacionales: hubo influencias ideológicas comunes, apoyo exterior —de Estados Unidos, en grados distintos según el país— y, en su fase más dura, una red de cooperación represiva entre dictaduras, la llamada Operación Cóndor.

El número exacto de víctimas sigue en discusión. Las comisiones de la verdad establecidas tras la recuperación democrática han documentado decenas de miles de casos de desaparición, tortura y ejecución extrajudicial, y los investigadores advierten que las cifras oficiales probablemente se quedan cortas: muchos casos nunca fueron denunciados, muchos archivos fueron destruidos y muchos perpetradores nunca comparecieron ante la justicia.

El contexto de la Guerra Fría y el papel de Estados Unidos

Las dictaduras del Cono Sur no surgieron en el vacío. Nacieron en el marco de la Guerra Fría y de la doctrina de seguridad nacional, que Estados Unidos promovió en América Latina desde finales de los años cincuenta y que los ejércitos de la región adaptaron —a menudo con aportaciones de la escuela francesa de contrainsurgencia— a sus propios fines. La polarización interna, la violencia de las guerrillas y el apoyo de sectores civiles a los golpes también pesaron. La revolución cubana de 1959 actuó como catalizador: Washington consideraba que cualquier gobierno de izquierda en el continente representaba una amenaza directa a sus intereses estratégicos.

La Escuela de las Américas, centro de formación del ejército estadounidense instalado en la zona del canal de Panamá desde 1946, entrenó a decenas de miles de militares latinoamericanos en contrainsurgencia; manuales suyos desclasificados en 1996 recomendaban métodos de interrogatorio coercitivos. Varios de los oficiales implicados en los golpes y en la represión habían pasado por sus aulas. La CIA, por su parte, intervino activamente en la desestabilización de gobiernos considerados demasiado próximos a posiciones de izquierda, como ocurrió de forma documentada en Chile antes del golpe de 1973.

Esta dimensión internacional es fundamental para entender el fenómeno. Las dictaduras del Cono Sur no fueron fenómenos puramente locales, aunque tampoco simples imposiciones externas: la política exterior estadounidense, que durante buena parte del periodo antepuso la lucha contra el comunismo a los derechos humanos —con la excepción parcial de la presidencia de Jimmy Carter—, se combinó con dinámicas internas propias de cada país. Los documentos desclasificados que reúne la obra de Peter Kornbluh sobre Chile muestran bien esa combinación.

Brasil: el primer dominó (1964)

El primer dominó en caer fue Brasil. El 31 de marzo de 1964, el ejército brasileño derrocó al presidente João Goulart, un político populista de centroizquierda que había propuesto reformas agrarias y había aproximado su gobierno a posiciones nacionalistas. Washington había preparado un apoyo naval de contingencia —la operación Brother Sam, que no llegó a usarse— y el gobierno de Lyndon Johnson se apresuró a felicitar a las nuevas autoridades.

La dictadura militar brasileña, que se prolongó hasta 1985, se caracterizó por su longevidad y por una represión más selectiva que la de sus vecinos: la Comisión Nacional de la Verdad (2014) reconoció 434 muertos y desaparecidos políticos, además de miles de torturados y de víctimas indígenas estimadas en otros informes. El periodo más duro fue el que siguió al Acto Institucional Número 5, de diciembre de 1968, que suspendió las garantías constitucionales e inauguró una fase de terror sistemático contra la oposición política, los movimientos estudiantiles y los grupos guerrilleros urbanos que habían surgido como respuesta al propio golpe.

Chile, Uruguay y Argentina: la ola de los setenta

La década de los setenta fue el punto de máxima intensidad del ciclo dictatorial. En 1973 ocurrieron dos golpes de Estado que marcarían la historia continental: Uruguay en junio y Chile en septiembre. En Argentina, el golpe llegó en marzo de 1976.

El golpe chileno del 11 de septiembre de 1973 tiene una dimensión simbólica especial porque derrocó a Salvador Allende, a menudo descrito como el primer marxista que llegó a la presidencia de un país por elecciones libres. Allende murió ese mismo día en el Palacio de La Moneda; durante décadas se discutió si se suicidó o fue asesinado, hasta que la exhumación y la investigación judicial de 2011 confirmaron el suicidio. El general Augusto Pinochet encabezó una junta militar que gobernaría Chile durante diecisiete años, aplicando un modelo económico neoliberal diseñado por los llamados Chicago Boys y una represión que, según las comisiones Rettig y Valech, dejó unos 3.200 muertos y detenidos desaparecidos y más de 38.000 víctimas reconocidas de prisión política y tortura.

Argentina vivió la dictadura más sangrienta del Cono Sur. El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional —bien analizado en la síntesis de Novaro y Palermo—, iniciado el 24 de marzo de 1976, puso en marcha un sistema de centros clandestinos de detención —unos 340 según la CONADEP; más de 700 según los registros oficiales posteriores— donde se torturó y ejecutó a miles de personas. Los vuelos de la muerte, en los que los presos eran arrojados vivos al Río de la Plata o al océano Atlántico, se convirtieron en el símbolo más estremecedor del régimen. La CONADEP documentó en su informe Nunca Más 8.961 casos de desaparición; los organismos de derechos humanos sostienen la cifra de 30.000, y los registros estatales actualizados rondan los 8.600 desaparecidos, sin contar asesinados ni presos. La diferencia sigue siendo objeto de debate.

La Operación Cóndor: represión sin fronteras

El rasgo más singular del periodo fue la coordinación activa entre las dictaduras. En noviembre de 1975, el jefe de la policía secreta chilena, Manuel Contreras, reunió en Santiago a los responsables de los servicios de inteligencia de Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile para formalizar una alianza represiva que recibiría el nombre de Operación Cóndor. Brasil se sumó en 1976, y más tarde colaboraron Perú y Ecuador.

El sistema funcionaba en tres fases. La primera implicaba el intercambio de información sobre opositores que se habían exiliado en países vecinos. La segunda consistía en operaciones coordinadas para localizar y capturar a esos exiliados en el extranjero. La tercera —la más grave— incluía operaciones en Europa y Estados Unidos para asesinar a figuras políticas de alto perfil: el caso más conocido es el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier en Washington D.C. en 1976, ejecutado con una bomba colocada en su automóvil.

La Operación Cóndor convirtió el exilio en una ilusión de seguridad. Quienes habían huido creyendo encontrar refugio en Buenos Aires o Montevideo descubrieron que las fronteras no los protegían. El recuento de víctimas del Cóndor en sentido estricto —operaciones transfronterizas— varía según los criterios: investigaciones como la del periodista John Dinges documentan varios centenares de asesinados y desaparecidos, y cifras mayores incluyen a víctimas de la represión interna vinculadas a la red.

Cronología de las dictaduras del Cono Sur

Fecha	Acontecimiento
31 marzo 1964	Golpe militar en Brasil; derrocamiento de João Goulart
13 diciembre 1968	Acto Institucional n.º 5 en Brasil; inicio de la fase más represiva
27 junio 1973	Golpe militar en Uruguay; disolución del Parlamento
11 septiembre 1973	Golpe militar en Chile; muerte de Salvador Allende
Noviembre 1975	Fundación formal de la Operación Cóndor en Santiago
24 marzo 1976	Golpe militar en Argentina; inicio del "Proceso de Reorganización Nacional"
21 septiembre 1976	Asesinato de Orlando Letelier en Washington D.C.
30 octubre 1983	Elecciones en Argentina; regreso a la democracia con Raúl Alfonsín
Marzo 1985	Fin de las dictaduras en Uruguay y Brasil
5 octubre 1988	Plebiscito en Chile; Pinochet pierde; inicio de la transición
3 febrero 1989	Un golpe derroca a Stroessner en Paraguay
11 marzo 1990	Patricio Aylwin asume la presidencia de Chile; fin formal del ciclo dictatorial en el Cono Sur

Las transiciones y la justicia incompleta

La recuperación de la democracia fue tan escalonada como la implantación de las dictaduras. Argentina fue la primera en dar el paso, en 1983, precipitada en parte por la derrota en la guerra de las Malvinas, que había erosionado la legitimidad de la junta. Los juicios a las juntas militares celebrados en 1985 fueron un hito histórico: por primera vez en América Latina, un tribunal civil juzgó y condenó a los máximos responsables de crímenes de Estado. Sin embargo, las leyes de obediencia debida y punto final de 1986 y 1987 —y los indultos de Carlos Menem en 1989 y 1990— cerraron temporalmente el proceso judicial antes de que se completara.

En Chile, la transición fue más lenta y estuvo más controlada por el propio Pinochet, que se mantuvo como comandante en jefe del ejército hasta 1998. La Comisión Rettig documentó los crímenes de la dictadura, pero la impunidad fue la norma durante décadas. El arresto de Pinochet en Londres en 1998, a petición del juez español Baltasar Garzón, abrió una nueva etapa en el debate sobre la justicia universal, aunque el general murió en 2006 sin haber sido condenado.

Uruguay y Brasil vivieron transiciones pactadas en las que los militares negociaron su salida preservando amplias garantías de impunidad. Las leyes de amnistía que protegieron a los perpetradores de ambos países fueron objeto de debate legal y social durante décadas, con resultados dispares: en Uruguay, la Ley de Caducidad superó un referéndum en 1989 y un plebiscito para anularla en 2009, antes de que el Parlamento restableciera en 2011 la capacidad de perseguir esos delitos; en Brasil, la Ley de Amnistía de 1979 siguió siendo un obstáculo formal para los juicios incluso cuatro décadas después.

El debate sobre la memoria, la justicia y la reconciliación no se ha cerrado, y sigue dividiendo a las sociedades de la región. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, los organismos de derechos humanos en Chile y los grupos de familiares de víctimas en toda la región han mantenido viva la exigencia de verdad y justicia durante más de cuarenta años. Gracias a ese trabajo sostenido, y a la reapertura de causas judiciales a partir de los años 2000, cientos de perpetradores que habían vivido décadas en la impunidad han sido finalmente procesados y condenados.