Las guerras civiles centroamericanas

Durante más de tres décadas, el istmo centroamericano fue el escenario de algunos de los conflictos armados más sangrientos y prolongados del hemisferio occidental. Guatemala, El Salvador y Nicaragua padecieron guerras civiles que, aunque distintas en su origen y desarrollo, compartían un denominador común: la explosión de décadas de desigualdad estructural, represión política y exclusión social en sociedades donde una pequeña oligarquía terrateniente controlaba la riqueza y el Estado al mismo tiempo.

Estos conflictos no pueden entenderse tampoco sin la lógica de la Guerra Fría. Centroamérica se convirtió en uno de los frentes de la pugna entre bloques: Estados Unidos financió y armó a los gobiernos de Guatemala y El Salvador y a la Contra nicaragüense, mientras Cuba y, a través de ella y de otros aliados, la Unión Soviética apoyaron al gobierno sandinista y a las guerrillas. El resultado fue devastador: más de 300.000 muertos si se suman las estimaciones de las comisiones de la verdad y los recuentos más aceptados para cada país, cientos de miles de desplazados, comunidades enteras arrasadas y economías destruidas. La región tardaría décadas en recuperarse, y en muchos sentidos aún no lo ha hecho.

Lo que sigue es un recorrido por esas guerras: sus causas, sus principales actores y los procesos de paz que pusieron fin, al menos formalmente, a la violencia.

Las raíces del conflicto: tierra, poder y exclusión

La mayoría de las explicaciones de las guerras civiles centroamericanas comienzan por la estructura agraria. En Guatemala y El Salvador, sobre todo, la distribución de la tierra era de las más desiguales del mundo. Grandes latifundios dedicados al café, el algodón y el banano concentraban la mayor parte del suelo cultivable en manos de pocas familias o corporaciones transnacionales —entre ellas la United Fruit Company—, mientras las poblaciones campesinas e indígenas carecían de tierras suficientes para subsistir.

El Estado, controlado históricamente por esta oligarquía y sostenido por ejércitos que funcionaban como fuerzas de orden interno más que como defensas nacionales, reprimía cualquier intento de organización campesina o sindical. Los partidos de izquierda, cuando no eran directamente ilegales, operaban en la clandestinidad. La reforma política pacífica resultaba, en la práctica, imposible.

El antecedente más claro de esta dinámica fue el derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Árbenz en 1954, un golpe de Estado auspiciado por la CIA que frustró la reforma agraria más ambiciosa intentada hasta entonces en la región. Muchos jóvenes centroamericanos de los años sesenta, inspirados además por la Revolución Cubana, sacaron de aquel episodio la conclusión de que el cambio pacífico era imposible y de que solo cabía la lucha armada.

Guatemala: la guerra más larga

El conflicto guatemalteco fue el más prolongado de todos: 36 años (1960–1996) de guerra entre el Ejército y distintas organizaciones guerrilleras agrupadas desde 1982 bajo la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Más que una guerra convencional, fue sobre todo una campaña de contrainsurgencia contra la población civil.

Entre 1981 y 1983, bajo los gobiernos del general Romeo Lucas García y, sobre todo, del general Efraín Ríos Montt, el Ejército lanzó una campaña de tierra arrasada contra las comunidades indígenas mayas del altiplano, acusadas de servir de base social a la guerrilla. Cientos de aldeas fueron arrasadas. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), auspiciada por la ONU, estimó en unos 200.000 los muertos y desaparecidos de todo el conflicto, en su gran mayoría mayas, y atribuyó el 93 % de las violaciones documentadas al Estado y sus fuerzas paramilitares, y el 3 % a la guerrilla. Su informe, publicado en 1999, concluyó que en 1981-1983 agentes del Estado cometieron actos de genocidio contra el pueblo ixil y otras comunidades mayas. Un año antes, el informe Guatemala: nunca más de la Iglesia católica había llegado a conclusiones semejantes; dos días después de presentarlo fue asesinado el obispo Juan Gerardi, que lo había dirigido.

En 1996, bajo la presidencia de Álvaro Arzú, se firmaron los Acuerdos de Paz. La guerrilla se desmovilizó, pero las causas estructurales —la desigualdad agraria, el racismo institucional, la impunidad— permanecieron casi intactas. La justicia tardó décadas en llegar y llegó de forma incompleta: Ríos Montt fue condenado por genocidio en 2013, pero la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia diez días después por motivos procesales. Murió en 2018, con el nuevo juicio aún abierto.

El Salvador: doce años de guerra total

En El Salvador, la guerra civil (1980–1992) enfrentó al gobierno y las Fuerzas Armadas con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), una coalición de cinco organizaciones guerrilleras que llegó a reunir a varios miles de combatientes y a controlar zonas enteras del país. Fue uno de los conflictos más intensos de América Latina en términos militares, con operaciones a gran escala en todo el territorio.

El punto de inflexión que hizo inevitable la guerra fue el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero el 24 de marzo de 1980, mientras celebraba misa. Romero había sido una voz incómoda: había denunciado las masacres de campesinos, había pedido a los soldados que desobedecieran las órdenes criminales, había enviado una carta al presidente Carter para que suspendiera la ayuda militar. La Comisión de la Verdad atribuyó la orden de asesinarlo al mayor Roberto D'Aubuisson, fundador del partido ARENA y vinculado a los escuadrones de la muerte. El crimen cerró cualquier posibilidad de solución negociada a corto plazo. Romero fue canonizado por la Iglesia católica en 2018.

En diciembre de 1981, el batallón Atlacatl, formado por asesores estadounidenses, asesinó a cerca de un millar de campesinos en El Mozote y sus alrededores, la mayor masacre de la guerra, negada durante años por los gobiernos salvadoreño y estadounidense.

El conflicto vivió uno de sus momentos más violentos en noviembre de 1989, cuando el FMLN lanzó su «ofensiva hasta el tope» y combatió durante semanas en los barrios residenciales de San Salvador. Ese mismo mes, militares salvadoreños asesinaron a seis sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA) junto a su cocinera y la hija de esta. Los llamados «Mártires de la UCA» se convirtieron en símbolo internacional de la impunidad militar.

Los Acuerdos de Paz de Chapultepec (enero de 1992) pusieron fin al conflicto. El balance: más de 75.000 muertos, en su inmensa mayoría civiles. La Comisión de la Verdad de la ONU atribuyó en torno al 85 % de los casos denunciados a agentes del Estado y escuadrones de la muerte afines, y un 5 % al FMLN.

Nicaragua: revolución, contra y desgaste

Nicaragua siguió una trayectoria diferente. La revolución sandinista de 1979 derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, poniendo fin a más de cuatro décadas de dominio familiar. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) llegó al poder con un enorme apoyo popular y emprendió reformas sociales ambiciosas —campaña de alfabetización, reforma agraria, sistema público de salud— que atrajeron la solidaridad de la izquierda internacional. Pero también concentró el poder, restringió la prensa opositora y chocó con sectores campesinos y con los miskitos de la costa caribeña, lo que alimentó a la oposición armada.

Pero la administración Reagan, que veía en Nicaragua un «peligro comunista» a las puertas de Estados Unidos, financió, armó y organizó a la Contra, una fuerza irregular dirigida al principio por antiguos guardias somocistas que acabó reclutando también a miles de campesinos descontentos. La guerra de la Contra (1981–1990) fue diferente a los conflictos guatemalteco y salvadoreño: aquí era un gobierno revolucionario el que combatía a una insurgencia que dependía en gran medida de Washington. El caso Irán-Contra, en el que se reveló que la administración Reagan financiaba ilegalmente a la Contra con fondos obtenidos de ventas clandestinas de armas a Irán, fue uno de los mayores escándalos políticos de la década en Estados Unidos.

El desgaste económico y humano de la guerra —junto con el embargo comercial estadounidense— fue devastador para Nicaragua. En las elecciones de 1990, la candidata opositora Violeta Chamorro venció a Daniel Ortega. Los sandinistas aceptaron el resultado y la Contra se desmovilizó, pero el país quedó empobrecido. Las memorias de Sergio Ramírez, Adiós muchachos, cuentan aquellos años desde dentro del gobierno sandinista.

Cronología de las guerras civiles centroamericanas

Fecha	Acontecimiento
1954	Golpe contra Árbenz en Guatemala, apoyado por la CIA
1960	Inicio del conflicto armado guatemalteco
1979	Revolución sandinista en Nicaragua; golpe reformista en El Salvador
1980	Asesinato del arzobispo Romero; inicio efectivo de la guerra civil salvadoreña
1981	Reagan autoriza financiación de la Contra nicaragüense
1981	Masacre de El Mozote en El Salvador
1981–1983	Campaña de tierra arrasada en Guatemala; masacres contra comunidades mayas
1986	Escándalo Irán-Contra; revelaciones sobre financiación ilegal de la Contra
1989	Ofensiva del FMLN en San Salvador; asesinato de los jesuitas de la UCA
1990	Elecciones en Nicaragua; Chamorro derrota a Ortega; inicio de desmovilización de la Contra
1992	Acuerdos de Paz de Chapultepec; fin de la guerra civil en El Salvador
1996	Acuerdos de Paz en Guatemala; fin del conflicto armado más largo de Centroamérica

Los acuerdos de paz y sus límites

Los procesos de paz centroamericanos fueron, en su momento, considerados modelos de negociación. El de El Salvador, mediado por la ONU bajo la secretaría general de Javier Pérez de Cuéllar y luego de Boutros Boutros-Ghali, estableció mecanismos de depuración de las Fuerzas Armadas, creó la Policía Nacional Civil y habilitó al FMLN como partido político legal. El de Guatemala incluyó una agenda de derechos indígenas y compromisos de reforma socioeconómica sin precedentes.

Sin embargo, los resultados fueron desiguales. Las reformas estructurales prometidas —reforma agraria, redistribución de la riqueza, inclusión de los pueblos indígenas en Guatemala— se implementaron de forma muy parcial o directamente no se implementaron. La impunidad para los crímenes de guerra fue la regla, no la excepción. Muchos de los oficiales responsables de masacres siguieron en sus cargos o se retiraron con honores.

Paradójicamente, la herencia más duradera de las guerras civiles puede ser la violencia misma. Las maras —las pandillas que se extendieron por El Salvador, Guatemala y Honduras— tienen raíces complejas: nacieron entre jóvenes emigrados en Los Ángeles y se expandieron con las deportaciones desde Estados Unidos en los noventa. Muchos analistas señalan, además, que el entorno de violencia normalizada, la disponibilidad de armas de guerra y la exclusión social que dejaron los conflictos armados fueron condiciones que favorecieron su expansión.