El neoliberalismo y el Consenso de Washington

En noviembre de 1989, el mes en que cayó el muro de Berlín, el economista británico John Williamson, del Institute for International Economics, presentó en Washington un documento de trabajo que pasaría a la historia por razones que él mismo no anticipó. El documento enumeraba diez políticas económicas que, según el consenso de las instituciones financieras internacionales, los gobiernos latinoamericanos debían adoptar para superar sus crisis de deuda y relanzar el crecimiento. Disciplina fiscal, liberalización comercial, privatizaciones, desregulación: el listado era técnico y árido, pero las reformas asociadas a él afectaron a la vida de cientos de millones de personas.

El término «Consenso de Washington» se convirtió en pocos años en el símbolo de una época. Para sus defensores, representaba la única salida racional a décadas de populismo, proteccionismo y gestión irresponsable de las finanzas públicas. Para sus críticos —que fueron creciendo en número e intensidad a lo largo de los noventa—, era el nombre en clave de una recolonización económica: la imposición, desde Washington y a través de la deuda, de un modelo que desmantelaba el Estado latinoamericano y entregaba sus activos al capital extranjero. El debate entre ambas visiones sigue abierto entre economistas e historiadores.

La crisis de la deuda que lo hizo posible

El Consenso de Washington no surgió de la nada. Su contexto inmediato fue la llamada «década perdida» de los años ochenta, cuando América Latina se vio atrapada en una espiral de deuda externa, inflación y estancamiento que hizo retroceder la renta por habitante y aumentar la pobreza. En agosto de 1982 México anunció que no podía hacer frente a los pagos de su deuda, y la crisis se extendió a Argentina, Brasil, Venezuela y otros países. El FMI y el Banco Mundial se convirtieron en prestamistas clave, pero sus créditos venían acompañados de condiciones: los llamados «programas de ajuste estructural».

Esos programas exigían, en síntesis, que los gobiernos recortaran el gasto público, eliminaran los subsidios, abrieran sus economías al comercio y la inversión extranjera, y privatizaran las empresas estatales. La lógica era que los Estados latinoamericanos habían crecido demasiado, que sus economías estaban distorsionadas por el proteccionismo, y que solo la disciplina del mercado podía restablecer el equilibrio. Los críticos subrayaron el coste social de esa «terapia de choque»: el desempleo masivo, el encarecimiento de los servicios básicos y el desmantelamiento de redes de protección social que, aunque imperfectas, amortiguaban la pobreza.

Las diez recetas y su aplicación práctica

El documento de Williamson identificaba diez áreas de reforma: disciplina fiscal, reorientación del gasto público, reforma tributaria, liberalización de los tipos de interés, tipo de cambio competitivo, liberalización comercial, apertura a la inversión extranjera directa, privatización de empresas estatales, desregulación y garantía de los derechos de propiedad. Williamson insistió siempre en que su lista era descriptiva —recogía lo que ya se hacía o se proponía en Washington— y no prescriptiva. Pero esa distinción se perdió rápidamente en el debate político.

En la práctica, la aplicación del Consenso varió enormemente de un país a otro. Chile, que había iniciado sus reformas liberales bajo Pinochet en los años setenta —con los economistas formados en la Universidad de Chicago conocidos como los Chicago Boys—, fue presentado como el modelo a seguir. Argentina aplicó las reformas con singular intensidad bajo Carlos Menem, con la convertibilidad que fijó el peso al dólar en 1991 y una ola de privatizaciones que alcanzó a casi todas las empresas públicas: teléfonos, petróleo, aerolínea, ferrocarriles, agua y electricidad. En México, las reformas de Carlos Salinas culminaron con la entrada en vigor, en 1994, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Brasil, en cambio, adoptó las reformas de manera más gradual y selectiva, manteniendo un Estado con mayor capacidad de intervención. Bolivia aplicó un ajuste drástico en 1985 con el Decreto 21060 del gobierno de Víctor Paz Estenssoro, asesorado entre otros por el economista Jeffrey Sachs; el plan frenó en pocas semanas una hiperinflación que en tasa anualizada rozaba el 24.000 %, aunque con un alto coste social, como el despido de miles de mineros del estaño.

Los resultados: entre el crecimiento y la fractura social

Los años noventa trajeron estabilidad macroeconómica a buena parte de la región. La inflación, el gran problema de las décadas anteriores, cayó a niveles de un dígito en la mayoría de los países. Llegó inversión extranjera directa, crecieron las exportaciones y se recuperó el acceso al crédito internacional. Según la CEPAL, la proporción de latinoamericanos en situación de pobreza bajó del 48 % en 1990 a algo menos del 44 % a finales de la década. Chile, con un crecimiento sostenido, redujo su pobreza aproximadamente a la mitad en esos años.

Pero los datos agregados escondían realidades muy distintas. La desigualdad, que ya era alta en América Latina, no disminuyó en la mayoría de los países. Algunas privatizaciones ampliaron y modernizaron servicios, como la telefonía, pero otras sustituyeron monopolios públicos por monopolios privados con tarifas elevadas y escasa regulación. El sector financiero, desregulado y abierto, se reveló extremadamente vulnerable: México sufrió el «efecto tequila» en 1994-1995, una crisis cambiaria y bancaria que borró de golpe varios años de crecimiento. Brasil enfrentó ataques especulativos en 1999. Argentina se hundió en 2001-2002, con cinco presidentes en apenas dos semanas y la mayor suspensión de pagos soberana registrada hasta entonces.

El propio Joseph Stiglitz, que había sido economista jefe del Banco Mundial, publicó en 2002 El malestar en la globalización, una crítica severa al funcionamiento del FMI y a la rigidez con que se aplicaron las recetas del Consenso, sin tener en cuenta las particularidades institucionales y sociales de cada país. El propio Williamson recordó que la liberalización de los flujos de capital a corto plazo, que tanto contribuyó a las crisis, no figuraba en su lista, y en Después del Consenso de Washington (2003) defendió completar las reformas con instituciones más sólidas y políticas sociales.

Un balance discutido

La valoración del periodo sigue dividiendo a los especialistas. Para unos, las reformas fueron necesarias tras el fracaso del modelo anterior y sus problemas se debieron sobre todo a una aplicación incompleta, a la falta de instituciones sólidas y a los shocks externos, como la crisis asiática de 1997 o la rusa de 1998. Para otros, el propio diseño —apertura rápida, confianza excesiva en los mercados financieros, recorte del Estado— explicaría el escaso crecimiento, que en conjunto fue inferior al de las décadas de industrialización protegida, y la persistencia de la desigualdad.

Síntesis recientes como la de Luis Bértola y José Antonio Ocampo subrayan que los resultados dependieron mucho de cada país: Chile combinó apertura con reglas fiscales e instituciones estables; Argentina ató su moneda al dólar y quedó sin margen ante los shocks. También insisten en que la estabilidad de precios conseguida entonces fue un logro que, en general, ha perdurado.

El coste humano del ajuste

Las estadísticas económicas, por reveladoras que sean, no alcanzan a transmitir lo que significó el ajuste estructural para la población más vulnerable de América Latina. El desempleo creció en los primeros años de las reformas en muchos países; en Argentina superó el 18 % en 1995. Los servicios públicos, privatizados o sometidos a recortes presupuestarios, se encarecieron en varios casos precisamente cuando más familias los necesitaban.

En las ciudades, las villas miseria de Argentina, las favelas de Brasil o las ciudades perdidas de México siguieron creciendo, y la economía informal absorbió a buena parte de los trabajadores desplazados por la reconversión industrial. En el campo, muchos pequeños agricultores —como los productores mexicanos de maíz tras el TLCAN— sufrieron la competencia de importaciones más baratas. En Bolivia, la erradicación forzosa de cultivos de coca, impulsada bajo presión estadounidense, privó de ingresos a comunidades campesinas sin alternativas suficientes y alimentó el movimiento cocalero de Evo Morales.

Este malestar acumulado contribuyó, a finales de los noventa y comienzos del siglo XXI, al ascenso de líderes críticos con el modelo: Hugo Chávez en Venezuela (1999), Lula da Silva en Brasil (2003), Néstor Kirchner en Argentina (2003), Evo Morales en Bolivia (2006). La llamada «marea rosa» o «giro a la izquierda» latinoamericano fue, en buena parte, una respuesta electoral al desgaste de aquellas políticas, aunque varios de esos gobiernos mantuvieron la disciplina macroeconómica heredada.

Cronología del neoliberalismo en América Latina

Año	Acontecimiento
1982	México declara la suspensión de pagos; inicio de la crisis de la deuda latinoamericana
1985	Bolivia aprueba el Decreto 21060: ajuste drástico que frena la hiperinflación
1989	John Williamson presenta el documento que acuña el «Consenso de Washington»
1990	Argentina inicia las privatizaciones masivas bajo Carlos Menem
1991	Ley de Convertibilidad en Argentina
1994	Entrada en vigor del TLCAN (México, EE. UU. y Canadá); en diciembre estalla el «efecto tequila»
1995	Estados Unidos, el FMI y otros acreedores organizan un rescate de México de unos 50.000 millones de dólares
1998	Crisis financiera internacional; Brasil sufre ataques especulativos
1999	Brasil devalúa el real; Hugo Chávez asume la presidencia de Venezuela
2001	Argentina colapsa: corralito bancario, cinco presidentes en dos semanas y suspensión de pagos de la deuda (diciembre)
2002	Stiglitz publica El malestar en la globalización; fin de la convertibilidad en Argentina