Las primeras encomiendas en las Antillas

En febrero de 1495, Cristóbal Colón enviaba a Castilla un cargamento que los Reyes Católicos no habían pedido: unos quinientos indígenas taínos destinados a ser vendidos como esclavos en Sevilla. Isabel la Católica suspendió la venta hasta que teólogos y juristas dictaminaran y, en 1500, ordenó devolver a los supervivientes. No por razones humanitarias en el sentido moderno del término, sino porque los habitantes del Nuevo Mundo eran, jurídicamente, vasallos libres de la Corona de Castilla, y un vasallo pacífico no podía ser esclavo. El problema era que alguien tenía que extraer el oro de La Española, construir los fuertes, cultivar los campos y abastecer a los colonos. Y ese alguien no iba a ser el propio colono español.

De esa contradicción —los indígenas son súbditos libres, pero alguien tiene que trabajar— nació la encomienda, la institución que encuadró el trabajo forzado indígena en el primer medio siglo de dominación europea y que desencadenó uno de los debates morales y jurídicos más intensos de la historia occidental.

El origen: una institución medieval en suelo americano

La encomienda no fue un invento americano. En la Castilla medieval, el término designaba sobre todo los señoríos que las órdenes militares confiaban a uno de sus caballeros, el comendador, que recibía tierras y vasallos bajo su protección y administración, con obligaciones mutuas de lealtad y servicio. Los conquistadores la trajeron en la cabeza —junto con sus espadas y sus cruces— cuando desembarcaron en el Caribe.

Ya desde 1499 Colón había hecho repartimientos de indios para calmar a los rebeldes de Roldán, pero la primera base legal llegó con una real cédula de la reina Isabel, firmada en Medina del Campo el 20 de diciembre de 1503, que autorizó al gobernador Nicolás de Ovando a obligar a los indígenas a trabajar, como personas libres y a cambio de salario. Ovando la aplicó repartiendo indios entre los colonos, que así quedaban "encomendados" a ellos: cada encomendero recibía un grupo de indios —podían ser decenas o cientos— que estaban obligados a trabajar para él durante un número de meses al año. A cambio, el encomendero debía pagar sus jornales, garantizar su instrucción cristiana y no maltratarlos.

El problema, evidente desde el primer día, es que nadie supervisaba el cumplimiento de esas obligaciones. El encomendero vivía en su hacienda o en el asiento minero, a semanas de distancia del gobernador y a meses de la metrópoli. La instrucción religiosa quedó, en la mayoría de los casos, en una aspersión de agua bendita. Los jornales, en un salario nominal que nadie cobraba en la práctica. Y la prohibición de maltrato fue papel mojado en cuanto los indígenas llegaron a las minas de oro de los ríos antillanos.

La mina de oro: el corazón del sistema

Para entender la encomienda antillana hay que entender el oro. No el oro como metal de lujo, sino el oro como razón de ser de toda la empresa colonial en sus primeras décadas. La Española, Cuba, Puerto Rico y Jamaica no tenían las grandes civilizaciones sedentarias de México o los Andes, con sus ciudades y sus excedentes agrícolas organizados. Lo que tenían eran ríos con arenas auríferas y una población taína que, si se le obligaba, podía lavar esas arenas durante jornadas interminables.

El trabajo en los lavaderos de oro era devastador. Los taínos, acostumbrados a una economía de subsistencia con ritmos estacionales, fueron sometidos a turnos de extracción continua en condiciones de malnutrición, exposición y violencia. La mortalidad fue catastrófica. Las estimaciones de la población taína de La Española en 1492 son muy dispares —de algo más de cien mil personas a varios millones—, pero hay acuerdo en que en el repartimiento de 1514 se contaron poco más de 25.000 indios adultos y en que, hacia 1540, apenas quedaban unos centenares.

No toda esa mortalidad es atribuible directamente a la encomienda —las epidemias jugaron un papel determinante, sobre todo desde la gran epidemia de viruela de 1518—, pero el agotamiento físico y la desestructuración social provocados por el sistema la agravaron de forma decisiva. Una población debilitada por el trabajo forzado y la malnutrición muere con mucha más facilidad ante una enfermedad nueva.

Las Leyes de Burgos: el primer intento de reforma

El cuarto domingo de Adviento de 1511, un dominico llamado fray Antonio de Montesinos subió al púlpito de la iglesia de Santo Domingo y pronunció un sermón que escandalizó a la pequeña sociedad colonial. Preguntó a los encomenderos presentes —entre ellos, el propio gobernador Diego Colón, hijo del Almirante— si acaso no eran hombres los indios, si no tenían almas racionales, si no estaban obligados a amarlos como a sí mismos. Era la primera vez que un representante de la Iglesia desafiaba abiertamente el sistema ante los propios beneficiarios.

La denuncia llegó a la Corte. Fernando el Católico, que gobernaba Castilla como regente, convocó una junta de teólogos y juristas que redactó las Leyes de Burgos, promulgadas el 27 de diciembre de 1512 y completadas en Valladolid en 1513: el primer código general para los indios de América. Las leyes reconocían la libertad de los indígenas pero mantenían la encomienda; regulaban las condiciones de trabajo, fijaban periodos de descanso, prohibían ciertos castigos físicos y obligaban a los encomenderos a construir iglesias y a instruir en la fe a los indios, y a enseñar a leer a los hijos de los caciques. El estudio clásico de la institución, La encomienda indiana de Silvio Zavala, analiza con detalle ese marco legal.

Fueron, en la práctica, inaplicables. El aparato administrativo capaz de hacerlas cumplir no existía, y los encomenderos tenían demasiado poder local para someterse a normas que vaciaban su sistema de ventajas. Las leyes de Burgos son históricamente importantes no porque cambiaran nada en las Antillas —no lo hicieron—, sino porque establecieron el principio jurídico de que la Corona tenía obligaciones hacia los indígenas. De ese principio vivirá, décadas después, el gran debate de Valladolid.

Bartolomé de las Casas: el encomendero que renegó de la encomienda

El personaje más influyente en la historia de la encomienda antillana empezó siendo parte del sistema. Bartolomé de las Casas llegó a La Española en 1502, recibió indios en repartimiento y, tras participar como capellán en la conquista de Cuba, obtuvo allí una encomienda. Durante más de una década vivió como cualquier otro colono, aprovechando el trabajo forzado sin cuestionarlo especialmente.

Su conversión —que él mismo describe como una iluminación mientras preparaba un sermón a partir de un pasaje del Eclesiástico— ocurrió en 1514. Renunció a sus indios ante el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, y comenzó una campaña que duraría el resto de su larga vida —moriría en Madrid en 1566, con más de ochenta años— para denunciar y abolir la encomienda. Sus escritos, especialmente la Brevísima relación de la destrucción de las Indias, publicada en 1552, son documentos históricos de primera magnitud: exagerados en algunos pasajes, parciales en otros, pero basados en una observación directa que ningún otro autor de la época igualaba.

Las Casas no solo denunció; propuso alternativas. Una de ellas —que reconoció con amargura décadas más tarde como un error moral— fue sugerir importar esclavos africanos para sustituir el trabajo indígena. El problema con esa solución es evidente desde nuestra perspectiva, y el propio Las Casas lo reconoció antes de morir.

Las Leyes Nuevas de 1542: el intento de abolición

La campaña de Las Casas, combinada con el colapso demográfico del Caribe y la nueva realidad de territorios continentales mucho más complejos —México, Perú—, llevó a Carlos I a promulgar en 1542 las Leyes Nuevas. El texto era radical: prohibía la esclavitud de los indígenas, vetaba la concesión de nuevas encomiendas y disponía que las existentes revirtieran a la Corona a la muerte de sus titulares, lo que en la práctica suponía su extinción en una generación.

La reacción en América fue de rebelión abierta. En Perú, Gonzalo Pizarro encabezó una insurrección armada que mató al virrey Blasco Núñez Vela. En México, el visitador Francisco Tello de Sandoval suspendió los artículos más conflictivos ante la presión de los encomenderos, y en 1545 la Corona revocó la cláusula que suprimía la herencia de las encomiendas. La encomienda sobrevivió, aunque en una forma más regulada, hasta el siglo XVII en muchas regiones y hasta el XVIII en algunas zonas de frontera.

Las Leyes Nuevas fracasaron en sus objetivos inmediatos, pero tuvieron consecuencias de largo plazo: consolidaron la idea de que los indígenas eran súbditos con derechos, no esclavos por naturaleza, y abrieron el camino al debate de Valladolid de 1550-1551, donde Sepúlveda y Las Casas confrontaron las dos visiones del mundo colonial ante una junta de teólogos.

Cronología de la encomienda antillana

Fecha	Acontecimiento
1495	Colón envía unos quinientos taínos a Castilla; la reina suspende su venta
1499	Primeros repartimientos de indios, tras la rebelión de Roldán
1500	Isabel ordena devolver a los taínos supervivientes
20 dic. 1503	Real cédula de Medina del Campo: base legal de la encomienda en las Antillas
1511	Sermón de Montesinos en Santo Domingo; primer desafío abierto al sistema
1512	Leyes de Burgos: primer código de protección indígena, inaplicado
~1514	Conversión de Bartolomé de las Casas; renuncia a su encomienda
1542	Leyes Nuevas de Carlos I: intento de abolición; resistencia violenta en América
1545	La Corona revoca la supresión de la herencia de las encomiendas
1552	Publicación de la Brevísima relación de Las Casas