El proceso de paz en Colombia: del conflicto armado al Acuerdo de La Habana

Durante más de cincuenta años, Colombia fue sinónimo de guerra. Una guerra enredada, que nunca fue solo ideológica ni solo criminal: una confrontación entre el Estado y las guerrillas marxistas, entre paramilitares y guerrilleros, entre el narcotráfico y la sociedad civil, y entre la Colombia urbana y una Colombia rural que el país oficial nunca terminó de ver. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fundadas en 1964, llegaron a ser la guerrilla más antigua del hemisferio. Cuando en septiembre de 2012 el presidente Juan Manuel Santos anunció que su gobierno había iniciado conversaciones formales con ellas, muchos colombianos reaccionaron con escepticismo. Los intentos anteriores habían fracasado. Aquel no.

El 24 de noviembre de 2016, tras cuatro años de negociación, el Gobierno y las FARC firmaron en el Teatro Colón de Bogotá el acuerdo definitivo. Santos había recibido semanas antes el anuncio del Premio Nobel de la Paz. Fue también el comienzo de un posconflicto tan complicado como la guerra que pretendía cerrar, y que en 2026, diez años después, sigue abierto.

Las raíces del conflicto: medio siglo de violencia

Las FARC nacieron en 1964, tras el ataque del Ejército a la llamada República de Marquetalia, como brazo armado de autodefensas campesinas de orientación comunista. En su origen pesaba una larga tradición de violencia bipartidista —el período conocido como La Violencia, entre 1948 y 1958—, que dejó en torno a doscientos mil muertos según las estimaciones más citadas. El historiador Marco Palacios ha estudiado esa continuidad en Violencia pública en Colombia, 1958-2010.

Con el tiempo, las FARC se transformaron. Se financiaron con secuestros, extorsión y, cada vez más, con el narcotráfico. Para la primera década del siglo XXI eran una organización híbrida: parte actor político, parte economía ilegal, parte ejército irregular. La política de seguridad democrática de Álvaro Uribe (2002-2010), con apoyo del Plan Colombia estadounidense, redujo su capacidad militar: de unos 20.000 combatientes a comienzos de siglo pasaron a menos de 8.000 hacia 2012, según estimaciones oficiales. Eso hizo posible la negociación, pero no la hizo inevitable.

La arquitectura de La Habana: cómo se negoció la paz

Tras meses de contactos secretos, las conversaciones se instalaron formalmente en Oslo en octubre de 2012 y continuaron en La Habana. Las partes adoptaron una regla poco habitual: nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado, para evitar que concesiones parciales generaran presiones políticas antes de tiempo.

La agenda tenía seis puntos: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto (cese del fuego y dejación de armas), solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas, y mecanismos de implementación y verificación. Cuba y Noruega actuaron como garantes; Chile y Venezuela, como acompañantes. El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, dejó su testimonio en Revelaciones al final de una guerra.

El punto más delicado fue el de las víctimas y la justicia. Las FARC no aceptaban un acuerdo que supusiera cárcel para sus dirigentes; el Gobierno no podía firmar una paz sin rendición de cuentas. La solución fue la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): un tribunal que ofrece sanciones de restricción de libertad y trabajos restaurativos —no de prisión— a quienes reconozcan su responsabilidad, cuenten la verdad y reparen a las víctimas, y penas de hasta veinte años de cárcel a quienes no lo hagan. El acuerdo creó además una Comisión de la Verdad y una unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Sus defensores lo presentaron como un equilibrio entre paz y justicia; sus detractores, como una forma de impunidad.

El plebiscito: cuando el «No» ganó

El 26 de septiembre de 2016, Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, firmaron un primer texto en Cartagena de Indias. Seis días después, el 2 de octubre, el acuerdo se sometió a plebiscito, y el «No» ganó por un margen mínimo: 50,2 % frente a 49,8 %, con una participación de apenas el 37 % del censo.

Los partidarios del «No», encabezados por el expresidente Uribe y su partido, el Centro Democrático, sostenían que el acuerdo era demasiado generoso con la guerrilla, que la JEP garantizaba impunidad y que dar a los excomandantes escaños en el Congreso sin pasar por las urnas era inaceptable. Los del «Sí» respondían que ningún acuerdo con una guerrilla activa podía satisfacer todas las exigencias de justicia penal.

El 7 de octubre, cinco días después de la derrota en las urnas, el Comité Noruego concedió el Nobel de la Paz a Santos, en lo que se interpretó como un respaldo al proceso. Gobierno y FARC renegociaron el texto incorporando parte de las objeciones del «No», firmaron la nueva versión el 24 de noviembre y el Congreso la refrendó a finales de ese mes, sin un segundo plebiscito. Los críticos consideraron que así se ignoraba el resultado de las urnas; el Gobierno y la Corte Constitucional defendieron la vía parlamentaria. Santos recogió el premio en Oslo el 10 de diciembre. Su propia versión de todo el proceso está en La batalla por la paz.

Implementación y retos del posconflicto

La dejación de armas se completó en 2017 bajo supervisión de la ONU. Unos 13.000 exintegrantes de las FARC fueron acreditados para la reincorporación, y la guerrilla se transformó en partido político, hoy llamado Comunes. Pero varios frentes rechazaron el acuerdo desde el principio y dieron origen a disidencias, la mayor de ellas agrupada después en el Estado Mayor Central de alias Iván Mordisco; en 2019, el antiguo jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, volvió a las armas con la llamada Segunda Marquetalia.

La reforma rural —quizá el punto más estructural— ha avanzado de forma limitada, y la sustitución de cultivos chocó con obstáculos financieros y de seguridad. En 2024, el monitoreo de la ONU registró un récord de 261.000 hectáreas de coca. En las zonas que dejaron las FARC, disidencias, el ELN y el Clan del Golfo compiten por el territorio, y centenares de líderes sociales y más de cuatrocientos excombatientes han sido asesinados desde la firma, según la Misión de Verificación de la ONU.

El sistema de justicia transicional sí ha producido resultados. En 2022, la Comisión de la Verdad publicó su informe final, que estimó en unos 450.000 los homicidios del conflicto entre 1985 y 2018. La JEP documentó al menos 6.402 ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como bajas en combate —los llamados «falsos positivos»— entre 2002 y 2008, y el 16 de septiembre de 2025 dictó su primera sentencia: ocho años de sanción restaurativa para siete miembros del último secretariado de las FARC por la política de secuestros. En septiembre de 2026, confirmada parcialmente en apelación, empezó a ejecutarse con control electrónico y prohibición de salir del país. Para las víctimas y sectores críticos, las sanciones sin cárcel resultan insuficientes; para los defensores del sistema, es la primera vez que una cúpula guerrillera reconoce crímenes de lesa humanidad ante un tribunal.

De la «paz total» al giro de 2026

Gustavo Petro, exguerrillero del M-19, llegó a la presidencia en 2022 con la promesa de una «paz total»: negociar a la vez con el ELN, con las disidencias y con grupos criminales. Hubo ceses del fuego y varias mesas, pero ninguna culminó en un acuerdo de desarme. En enero de 2025, la ofensiva del ELN contra las disidencias en el Catatumbo desplazó a decenas de miles de personas y llevó al Gobierno a suspender los diálogos y decretar la conmoción interior. Sus defensores sostienen que la política redujo algunos indicadores de violencia y abrió caminos de diálogo; sus críticos, que permitió a los grupos armados fortalecerse. El atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay en junio de 2025, que murió en agosto, marcó la campaña.

En la segunda vuelta del 21 de junio de 2026, el abogado Abelardo de la Espriella derrotó por menos de un punto porcentual a Iván Cepeda, candidato de la izquierda, con un programa de mano dura: «en mi gobierno no habrá procesos de paz». Desde su toma de posesión, el 7 de agosto, ha lanzado una ofensiva militar contra el ELN y las disidencias, ha anunciado una ley de sometimiento a la justicia para los grupos armados y ha criticado la JEP, que su gobierno considera insuficiente como mecanismo de justicia. El acuerdo de 2016, blindado constitucionalmente, sigue en vigor, pero su desarrollo depende ahora de un gobierno que cuestiona algunas de sus piezas.

Cronología del proceso de paz en Colombia

Fecha	Acontecimiento
1964	Fundación de las FARC tras el ataque a Marquetalia (Tolima)
1998-2002	Diálogos del Caguán entre el gobierno Pastrana y las FARC; fracaso del proceso
2002-2010	Seguridad democrática de Uribe; debilitamiento militar de las FARC
Sept.-oct. 2012	Anuncio de las negociaciones e instalación de la mesa en Oslo; conversaciones en La Habana
Septiembre 2015	Acuerdo sobre justicia y creación de la JEP
24 agosto 2016	Cierre de la negociación en La Habana
26 septiembre 2016	Firma del primer acuerdo en Cartagena de Indias
2 octubre 2016	Plebiscito: el «No» gana con el 50,2 %
7 octubre 2016	Anuncio del Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos
24-30 noviembre 2016	Firma del acuerdo renegociado en Bogotá y refrendación del Congreso
2017	Dejación de armas de las FARC bajo supervisión de la ONU
2022	Informe final de la Comisión de la Verdad; Gustavo Petro, presidente
16 septiembre 2025	Primera sentencia de la JEP contra el último secretariado de las FARC
21 junio 2026	Abelardo de la Espriella gana las elecciones presidenciales