El crimen organizado transnacional en América Latina

En diciembre de 2006, el gobierno de Felipe Calderón lanzó en México su ofensiva militar contra el narcotráfico. Una docena de años después, el país sumaba más de doscientos mil homicidios y los analistas discutían si los cárteles habían salido reforzados. En Colombia, el Estado firmó en 2016 la paz con las FARC, pero los territorios que dejó la guerrilla fueron disputados enseguida por disidencias, por el ELN y por el Clan del Golfo. En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele encarceló desde 2022 a más de ochenta mil personas bajo un régimen de excepción y presentó cifras de homicidio mínimas, a un coste institucional que organismos de derechos humanos han denunciado y que buena parte de sus votantes considera aceptable.

Son tres episodios distintos con un fondo común: el crimen organizado transnacional ha dejado de ser un asunto policial para convertirse en uno de los factores que más condicionan la política, la economía y la vida cotidiana de América Latina en el siglo XXI. Entre 2025 y 2026 el fenómeno cambió además de escala diplomática, cuando Estados Unidos empezó a tratar a varios cárteles como organizaciones terroristas y a atacarlos con medios militares.

De la cocaína de los ochenta a los imperios criminales del siglo XXI

El crimen organizado moderno en la región tiene raíces reconocibles en el auge de la cocaína de los años setenta y ochenta. El Cartel de Medellín de Pablo Escobar y el Cartel de Cali demostraron que el negocio podía generar fortunas enormes y que era posible corromper o intimidar a un Estado entero. Con su desarticulación en los noventa, el negocio no desapareció: se fragmentó y se desplazó.

Los grupos mexicanos —primero el Cártel de Guadalajara, luego los de Juárez y del Golfo y, más tarde, el de Sinaloa, los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación— ocuparon el vacío y pasaron a controlar las rutas terrestres hacia el principal mercado consumidor del mundo, Estados Unidos. En pocas décadas dejaron de ser intermediarios para convertirse en actores con capacidad armada, redes financieras transnacionales e influencia política. Periodistas como Ioan Grillo, en El Narco, han reconstruido esa transformación.

Lo que distingue a estas organizaciones de sus antecesoras es la diversificación. La droga —hoy también las drogas sintéticas como el fentanilo— sigue siendo el motor, pero la extorsión, el secuestro, la trata de personas, el tráfico de armas, la minería ilegal de oro, la tala clandestina y el tráfico de migrantes generan rentas propias, con rutas, mercados y lógicas de violencia distintas.

Las rutas del crimen: una geografía del poder

La cocaína viaja desde las zonas de cultivo de Colombia, Perú y Bolivia hacia los puertos del Pacífico y del Atlántico, cruza Centroamérica y México y llega a Estados Unidos y, en cantidades crecientes, a Europa. Colombia alcanzó en 2024 un récord de 261.000 hectáreas de coca, según el sistema de monitoreo de la ONU (UNODC).

Centroamérica ocupa en ese mapa una posición especialmente vulnerable. En Guatemala, Honduras y El Salvador, las maras —pandillas nacidas entre jóvenes migrantes en Los Ángeles y extendidas a Centroamérica con las deportaciones de los noventa— se convirtieron en estructuras con control de barrios y municipios enteros, y las tasas de homicidio de Honduras y El Salvador llegaron a ser de las más altas del mundo.

En Sudamérica, Brasil alberga dos de las mayores organizaciones criminales del continente, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, con presencia en países vecinos. El Tren de Aragua, nacido en la cárcel venezolana de Tocorón, se expandió con la diáspora venezolana hacia Colombia, Perú y Chile. El caso más llamativo de la década es Ecuador: convertido en gran puerto de salida de cocaína hacia Europa, pasó de ser uno de los países menos violentos de la región a cerrar 2025 con cerca de 9.000 homicidios y una tasa en torno a 50 por cada 100.000 habitantes, la más alta de su historia según el Ministerio del Interior. Allí se enfrentan bandas como Los Choneros y Los Lobos, vinculadas a cárteles mexicanos y a redes balcánicas.

El Estado capturado y el terreno social

Ningún análisis honesto puede omitir el papel del Estado. En buena parte de la región, el problema no es solo la presencia de organizaciones criminales, sino su capacidad para penetrar las instituciones que deberían combatirlas: policías y funcionarios que cobran por mirar hacia otro lado, fiscales que archivan casos, militares que venden protección y, en el nivel más alto —el más difícil de documentar—, financiación ilícita de campañas. En México, diversos estudios de la última década estimaron que solo alrededor del 1 % de los delitos terminaba en condena.

Las organizaciones criminales también se nutren de un terreno social. En barrios marginales y zonas rurales con escasa presencia estatal, ocupan funciones de empleo, arbitraje de conflictos e incluso asistencia que deberían corresponder al Estado. América Latina sigue figurando entre las regiones más desiguales del mundo, y los jóvenes sin estudios ni empleo formal son la principal cantera de estos grupos. Los estudios sobre economía criminal y desigualdad muestran una correlación sólida, aunque no determinista, entre exclusión y reclutamiento.

La migración irregular añade otra capa. Las redes que controlan los pasos fronterizos —en el Darién o en la frontera norte de México— han hecho del tráfico de personas un negocio que se combina con el de drogas y armas, lo que convierte la migración en una cuestión de seguridad que ningún país puede resolver en solitario.

Respuestas estatales: entre la mano dura y la negociación

La confrontación directa ha mostrado sus límites. La militarización en México bajo Calderón y Peña Nieto abatió o detuvo a grandes capos, pero fragmentó las organizaciones en grupos más pequeños que multiplicaron la violencia. Colombia ofrece un caso más matizado: la presión militar, el Plan Colombia financiado por Estados Unidos y las negociaciones con distintos grupos redujeron la violencia en la primera década del siglo, aunque tras el acuerdo de 2016 el vacío dejado por las FARC fue ocupado por otros actores, un proceso que los especialistas en conflicto y crimen organizado en Colombia han documentado con detalle.

El modelo salvadoreño ha abierto un debate internacional. Sus defensores señalan la caída de los homicidios a mínimos históricos y la recuperación de barrios antes controlados por las maras; sus críticos, las detenciones masivas sin garantías, las muertes bajo custodia denunciadas por organizaciones de derechos humanos y las investigaciones periodísticas sobre una negociación previa con las pandillas, que el gobierno niega. Ecuador ensayó una versión propia: en enero de 2024, tras la fuga del líder de Los Choneros, alias Fito, y el asalto armado a un canal de televisión en directo, el presidente Daniel Noboa declaró un «conflicto armado interno» contra las bandas. Fito fue recapturado en 2025 y extraditado a Estados Unidos, pero la violencia siguió creciendo ese año.

Washington y el «narcoterrorismo» (2025-2026)

El segundo mandato de Donald Trump cambió el marco. El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado designó organizaciones terroristas extranjeras a ocho grupos, entre ellos el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la MS-13 y el Tren de Aragua; en septiembre se añadieron Los Choneros y Los Lobos, y en noviembre el llamado Cartel de los Soles, que Washington atribuye a la cúpula del chavismo. En marzo de 2025, cientos de venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua fueron deportados a la megacárcel salvadoreña CECOT, en una operación impugnada ante los tribunales estadounidenses.

Desde el 2 de septiembre de 2025, fuerzas estadounidenses atacaron embarcaciones que acusaban de transportar droga en el Caribe y el Pacífico; al cumplirse un año, los recuentos de prensa superaban los 220 muertos. El 3 de enero de 2026, una operación militar capturó en Caracas a Nicolás Maduro, trasladado a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico. El gobierno estadounidense sostiene que está en un conflicto armado con organizaciones narcoterroristas y cita descensos del tráfico marítimo; expertos de la ONU, juristas y varios gobiernos de la región consideran los ataques ejecuciones extrajudiciales y dudan de su efecto sobre un negocio que suele adaptarse a la presión cambiando de rutas.

Fecha	Acontecimiento
Diciembre 2006	México lanza la ofensiva militar contra los cárteles
2016	Acuerdo de paz con las FARC en Colombia
Marzo 2022	Régimen de excepción en El Salvador
Enero 2024	Ecuador declara el «conflicto armado interno»
20 febrero 2025	EE. UU. designa terroristas a ocho cárteles y bandas, entre ellos el Tren de Aragua
2 septiembre 2025	Primer ataque de EE. UU. contra una lancha en el Caribe
2025	Ecuador registra el año más violento de su historia
3 enero 2026	Captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses

Fuentes: UNODC, Ministerio del Interior de Ecuador, Departamento de Estado de EE. UU. y prensa internacional. Las cifras sobre economías ilícitas son, por naturaleza, estimaciones.

Perspectivas: un problema sin solución rápida

Los enfoques puramente represivos han mostrado sus límites, y los puramente preventivos, su lentitud ante emergencias inmediatas. La evidencia comparada, recogida en obras como Narconomics de Tom Wainwright, sugiere que las estrategias que combinan presión sobre las organizaciones, reforma judicial y políticas sociales tienen más posibilidades de producir mejoras duraderas que cualquiera de esos elementos por separado.

El debate de fondo sigue abierto. Para unos, la militarización y la etiqueta terrorista son la respuesta proporcionada a organizaciones que actúan como ejércitos; para otros, repiten la lógica de la «guerra contra las drogas» y descargan su coste en los países productores y de tránsito, cuando buena parte de la demanda y de las armas procede de los países ricos del hemisferio.