La crisis de Venezuela y la migración

En enero de 2016, la Asamblea Nacional venezolana, recién ganada por la oposición, declaró una «crisis humanitaria» en materia de salud. El gobierno de Nicolás Maduro rechazó el diagnóstico. Diez años después, apenas se discute: Venezuela ha atravesado una de las contracciones económicas más profundas registradas en tiempos de paz, y su consecuencia más visible es humana. Según la plataforma interagencial R4V, que coordinan ACNUR y la OIM, a comienzos de 2026 vivían fuera del país cerca de 7,9 millones de venezolanos, más de 6,9 millones de ellos en América Latina y el Caribe. Es el mayor desplazamiento de población de la historia reciente del continente.

La historia no empieza con Maduro. Sus raíces están en las decisiones acumuladas durante los catorce años de gobierno de Hugo Chávez. Pero fue bajo su sucesor cuando las tensiones del modelo se volvieron insostenibles. Y el 3 de enero de 2026, con la captura de Maduro por fuerzas de Estados Unidos, la crisis entró en una etapa nueva cuyo desenlace sigue abierto.

El modelo chavista y sus contradicciones

Cuando Chávez llegó al poder en 1999, Venezuela tenía una renta por habitante de las más altas de América Latina, junto a desigualdades profundas y una dependencia crónica del petróleo. Chávez usó la renta petrolera para financiar programas sociales —las «misiones»— que redujeron la pobreza durante la primera década del siglo.

El modelo tenía, sin embargo, una trampa estructural. El petróleo llegó a representar más del 95 % de los ingresos por exportaciones. El control de cambios impuesto en 2003 creó un mercado negro de divisas que distorsionó toda la economía. Las expropiaciones de empresas, muchas del sector alimentario, redujeron una capacidad productiva que no se repuso. Mientras el barril se mantuvo alto —superó los cien dólares en varios años entre 2008 y 2014—, las importaciones pagadas con crudo taparon esas grietas. Cuando los precios se desplomaron a partir de mediados de 2014, el edificio empezó a ceder. El periodista Rory Carroll, corresponsal de The Guardian en Caracas, describió esas fragilidades en Comandante, publicado días después de la muerte de Chávez.

La era Maduro: del declive al colapso

Nicolás Maduro ganó las elecciones de abril de 2013 por menos de dos puntos frente a Henrique Capriles, que denunció irregularidades. Heredó una economía ya agotada, y la caída del petróleo convirtió la crisis en colapso. Según las estimaciones más citadas, entre 2013 y 2021 Venezuela perdió en torno a tres cuartas partes de su PIB, una contracción mayor que la de Estados Unidos en la Gran Depresión. A finales de 2017 el país entró en hiperinflación y el gobierno tuvo que eliminar ceros de la moneda en 2018 y 2021. Los hospitales se quedaron sin medicinas, las universidades perdieron a sus profesores y los cortes de luz y agua pasaron a ser cotidianos. William Neuman, entonces corresponsal de The New York Times, reconstruyó esa vida diaria en Things Are Never So Bad That They Can't Get Worse.

El gobierno atribuyó la crisis a una «guerra económica» dirigida desde Washington; la oposición, a la gestión chavista. Las protestas de 2014 y 2017 fueron reprimidas con más de un centenar de muertos en total, y en 2017 una Asamblea Nacional Constituyente elegida sin participación opositora asumió de hecho las funciones del Parlamento. La reelección de Maduro en 2018 fue rechazada por la oposición y por buena parte de la comunidad internacional. En enero de 2019, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se proclamó presidente interino con el reconocimiento de más de cincuenta países, pero no logró desplazar a Maduro. Las sanciones de Estados Unidos —financieras desde 2017 y sobre el petróleo desde 2019— agravaron las dificultades; el peso que tuvieron en la profundización de la crisis sigue siendo objeto de debate entre economistas.

El éxodo: casi ocho millones de personas

La emigración venezolana empezó antes del colapso. En una primera fase, en la década de 2000 y hasta 2015, salieron sobre todo profesionales, técnicos petroleros despedidos de PDVSA y familias de clase media con recursos, muchas hacia España, Estados Unidos o Panamá. El estudio coordinado por Tomás Páez documentó ese primer perfil. A partir de 2017 el flujo se volvió masivo y más pobre: familias enteras que cruzaban los Andes a pie —los llamados «caminantes»— con niños pequeños y pocas pertenencias.

A diferencia de otras migraciones latinoamericanas, la venezolana se repartió por todo el continente. Colombia y Perú figuran entre los principales países de acogida, junto con comunidades numerosas en Estados Unidos, Brasil, Chile, España y Ecuador. R4V advierte que muchos gobiernos no contabilizan a quienes están en situación irregular, por lo que la cifra real probablemente sea mayor. Desde 2022, una parte creciente del flujo atravesó la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, rumbo a México y Estados Unidos, una ruta que se redujo de forma drástica a partir de 2025 con el endurecimiento de la política migratoria estadounidense.

Cronología de la crisis

Año	Acontecimiento
2013	Muerte de Chávez; victoria ajustada de Maduro
2014	Caída del precio del petróleo; protestas y primera oleada de represión
2016	Escasez de alimentos y medicinas; la Asamblea declara una crisis humanitaria de salud
2017	Protestas masivas; Asamblea Constituyente; sanciones financieras de EE. UU.; comienza la hiperinflación
2018	Reelección de Maduro, no reconocida por gran parte de la comunidad internacional
2019	Guaidó se proclama presidente interino; sanciones petroleras; apagones masivos
2021	Colombia aprueba el Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos
Julio 2024	Elecciones presidenciales impugnadas; protestas y miles de detenidos
Enero 2025	Maduro inicia un tercer mandato
3 enero 2026	Una operación militar de EE. UU. captura a Maduro en Caracas
5 enero 2026	Delcy Rodríguez, presidenta encargada
Febrero 2026	Ley de amnistía; continúan las excarcelaciones de presos políticos

Impacto en los países receptores

Los efectos de la llegada de venezolanos han sido complejos. Los estudios disponibles, sobre todo los realizados en Colombia por el Banco Mundial y el FMI, estiman que a medio plazo la migración tiene un efecto positivo sobre el crecimiento, al aportar mano de obra, a menudo cualificada, al comercio, la construcción y los servicios. A corto plazo, la concentración en determinadas ciudades presionó los sistemas de salud y educación y los mercados de trabajo informales.

En el plano político, la migración fue usada por distintas fuerzas en los países receptores. En Chile, Colombia y Perú, el malestar ante la llegada de venezolanos alimentó discursos que asociaban migración e inseguridad —una relación que los datos disponibles no respaldan de forma general— y candidaturas que prometían endurecer las fronteras. En Estados Unidos, la segunda presidencia de Donald Trump retiró en 2025 el estatus de protección temporal (TPS) a cientos de miles de venezolanos y reactivó las deportaciones; en marzo de 2025 se reanudaron los vuelos de repatriación tras un acuerdo con el gobierno de Caracas.

Colombia puso en marcha la respuesta más ambiciosa de la región: el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, aprobado en 2021 por el gobierno de Iván Duque, que permitió regularizar a más de un millón y medio de personas y darles acceso a empleo formal y servicios públicos. Los organismos internacionales lo presentaron como un modelo, aunque su aplicación tuvo retrasos y lagunas.

De las elecciones de 2024 a la caída de Maduro

En las presidenciales del 28 de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral proclamó la victoria de Maduro sin publicar las actas por mesa. La oposición difundió copias de más del 80 % de esas actas, que daban una amplia ventaja a su candidato, Edmundo González; el Centro Carter, presente como observador, consideró que la elección no cumplía los estándares internacionales. Incluso gobiernos de izquierda como los de Brasil y Colombia se negaron a reconocer el resultado sin las actas. Las protestas se saldaron con más de veinte muertos y unos 2.000 detenidos. González se exilió en España; María Corina Machado, la principal dirigente opositora, pasó a la clandestinidad dentro del país y en 2025 recibió el Premio Nobel de la Paz. Maduro inició un nuevo mandato en enero de 2025.

A partir de agosto de 2025, Estados Unidos desplegó una gran fuerza naval en el Caribe y atacó embarcaciones que acusaba de transportar droga. El 3 de enero de 2026, una operación militar estadounidense capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas; ambos fueron trasladados a Nueva York, donde se declararon no culpables de los cargos de narcoterrorismo y narcotráfico. El Tribunal Supremo designó presidenta encargada a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, que asumió el 5 de enero. Sus partidarios presentan su gestión como una transición ordenada; sus críticos, como la continuidad del chavismo bajo tutela estadounidense. Su gobierno aprobó en febrero una ley de amnistía, que benefició a miles de personas, entre ellas cientos de presos excarcelados —aunque las ONG denuncian que cientos de presos políticos seguían encarcelados—, y firmó acuerdos petroleros y económicos con Washington, que en abril levantó las sanciones personales contra ella. El 22 de septiembre de 2026, Rodríguez y Trump se reunieron en la ONU. Para entonces no había calendario electoral acordado, y Machado no había logrado regresar al país.

La gran incógnita para los millones de venezolanos en el exterior es si habrá condiciones para volver. Los análisis publicados en 2026, como los del Migration Policy Institute, consideran improbable un retorno masivo mientras persistan la precariedad económica y la inseguridad. Para la historia de la migración latinoamericana, el éxodo venezolano ya es uno de sus capítulos centrales, se resuelva como se resuelva la transición.