El estallido social en Chile (2019)

El 18 de octubre de 2019, Chile se despertó siendo otro país. Lo que había comenzado como una protesta de estudiantes secundarios contra la subida de la tarifa del metro de Santiago —treinta pesos, algo menos de cuatro céntimos de euro— se convirtió en pocas horas en el mayor levantamiento social desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. Las imágenes de estaciones en llamas, de la Plaza Italia rebautizada por los manifestantes como Plaza de la Dignidad y de cientos de miles de personas en las calles de todo el país dieron la vuelta a América Latina.

El presidente Sebastián Piñera, que días antes había descrito a Chile como un «oasis» en una región convulsa, declaró el estado de emergencia y sacó a los militares a controlar el orden público, algo inédito desde el retorno a la democracia en 1990. «Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable», dijo el 20 de octubre. La frase le perseguiría durante el resto de su mandato.

Lo que siguió fue un proceso político sin precedentes: un pacto parlamentario de emergencia, un plebiscito que aprobó redactar una nueva constitución y una Convención elegida con paridad de género y escaños reservados para pueblos indígenas. Aquel camino terminaría de forma inesperada: con dos propuestas constitucionales rechazadas en las urnas y, seis años después del estallido, con la llegada a La Moneda de José Antonio Kast, uno de los principales adversarios de aquel proceso constituyente.

Las raíces: treinta años de modelo

Para entender por qué treinta pesos bastaron para encender Chile hay que mirar lo que habían construido los treinta años anteriores. Desde 1990, el país creció de forma sostenida, redujo drásticamente la pobreza y se situó entre los de mayor renta por habitante de América Latina. Pero la prosperidad se distribuyó de forma muy desigual.

El modelo heredado de la dictadura había trasladado al mercado buena parte de las pensiones, la sanidad, la educación y la gestión del agua. El sistema de capitalización individual de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) pagaba pensiones que la mayoría consideraba insuficientes; la educación superior se financiaba en gran medida con créditos que endeudaban a las familias; y Chile figuraba entre los países más desiguales de la OCDE. Sus defensores recordaban que ese mismo modelo había sacado de la pobreza a millones de chilenos; sus críticos, que había convertido a los ciudadanos en consumidores endeudados.

La tensión no era nueva. El movimiento estudiantil de 2011, que reclamaba educación pública y gratuita, ya había señalado las grietas del sistema. Entonces el sistema político absorbió la demanda y prometió reformas que solo aplicó en parte. En 2019, la distancia entre lo prometido y lo recibido había crecido.

La chispa y el incendio

La subida de la tarifa, aprobada por el Panel de Expertos del Transporte Público, entró en vigor el 6 de octubre. Al día siguiente empezaron las evasiones colectivas de estudiantes secundarios, que saltaban los torniquetes al grito de «Evadir, no pagar, otra forma de luchar». A partir del 14 de octubre se masificaron. El gobierno respondió con más presencia policial y cierres de estaciones.

El 18 de octubre, la situación escaló. Varias estaciones del metro fueron incendiadas —la red sufrió daños en decenas de ellas— y hubo saqueos en distintos puntos de Santiago. Esa noche el gobierno declaró el estado de emergencia, y al día siguiente impuso el toque de queda. Lejos de intimidar, los soldados en las calles actuaron como detonante de una indignación acumulada.

En pocos días, el movimiento dejó de ser estudiantil y dejó de tratar de la tarifa. Las demandas eran heterogéneas —pensiones, sanidad, agua, salarios— pero convergían en una palabra: dignidad. «No son 30 pesos, son 30 años» se convirtió en el lema. El 25 de octubre, más de un millón de personas se concentraron en Santiago en la que se llamó «la marcha más grande de Chile».

La represión y sus consecuencias

La actuación de Carabineros y de las Fuerzas Armadas generó una crisis de derechos humanos documentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, la Comisión Interamericana, Human Rights Watch y Amnistía Internacional. El dato más llamativo fueron las lesiones oculares por perdigones y balines disparados a la cara: el INDH contabilizó más de cuatrocientas, una cifra con muy pocos precedentes en democracia. Hubo además alrededor de treinta muertos durante los meses de protesta —algunos por acción de agentes del Estado, otros en incendios de comercios saqueados— y miles de detenidos.

El gobierno de Piñera reconoció abusos y anunció una reforma policial, pero rechazó que existiera una política de violaciones sistemáticas; sus partidarios subrayaban además la violencia de parte de los manifestantes, los saqueos y los ataques a comisarías. La imagen del parche en el ojo se convirtió en icono de la revuelta. El colectivo feminista LASTESIS presentó en Valparaíso, el 20 de noviembre, la performance «Un violador en tu camino», que se hizo viral tras repetirse en Santiago el 25 de noviembre y conectó el estallido con el movimiento feminista latinoamericano.

El acuerdo de noviembre y la vía constitucional

En la madrugada del 15 de noviembre de 2019, la mayoría de los partidos con representación parlamentaria —el Partido Comunista y parte del Frente Amplio no lo suscribieron— firmaron el «Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución», que convocaba un plebiscito para decidir si se redactaba una nueva carta magna y qué órgano lo haría.

El acuerdo se recibió con ambivalencia en la calle: para una parte del movimiento era una forma de desactivar la revuelta; para otra, una puerta a cambios de fondo. Sin el estallido, en todo caso, difícilmente habría existido: la Constitución de 1980, aprobada en dictadura y reformada muchas veces pero nunca sustituida, era una demanda histórica de la izquierda chilena. Las interpretaciones del octubre chileno siguen divididas, como muestran el ensayo de Carlos Peña Pensar el malestar, escéptico con la lectura del fracaso del modelo, y Octubre chileno de Carlos Ruiz Encina, que la sitúa en la irrupción de nuevos sectores sociales.

El plebiscito, aplazado por la pandemia al 25 de octubre de 2020, fue contundente: el 78,3 % votó por una nueva constitución y el 79 % prefirió que la redactara una Convención Constitucional íntegramente elegida para ello. Votó algo más de la mitad del censo, en un sistema de voto voluntario.

Dos rechazos y un giro político

La Convención, elegida en mayo de 2021, fue muy distinta de las cámaras tradicionales: paridad de género, 17 escaños reservados para diez pueblos indígenas y mayoría de independientes y fuerzas de izquierda. Los movimientos indígenas tuvieron por primera vez representación directa en un proceso constituyente chileno, y la mapuche Elisa Loncón la presidió. Su propuesta definía Chile como un «Estado plurinacional e intercultural», ampliaba los derechos sociales y consagraba derechos de la naturaleza. Sus partidarios la veían como un pacto social nuevo; sus detractores, como un texto maximalista.

El 4 de septiembre de 2022, con voto obligatorio y una participación cercana al 86 %, el 61,9 % la rechazó. Los analistas señalan una mezcla de causas: una propuesta percibida como demasiado radical por muchos votantes que en 2020 habían apoyado el cambio, la desconfianza hacia la propia Convención, campañas de desinformación por ambos lados y el deterioro económico y de la seguridad. El presidente Gabriel Boric, en el cargo desde marzo de 2022, había apoyado el texto.

Un segundo proceso, más acotado, fue encargado a un Consejo Constitucional elegido en mayo de 2023, en el que el Partido Republicano de José Antonio Kast obtuvo la mayor representación. Su propuesta, de orientación conservadora, fue rechazada el 17 de diciembre de 2023 por el 55,8 %. La Constitución de 1980, con sus reformas, sigue vigente. El ciclo político terminó en las urnas: el 14 de diciembre de 2025, Kast ganó la segunda vuelta con aproximadamente el 58 % frente a la comunista Jeannette Jara, con un discurso centrado en la seguridad y la inmigración, y asumió la presidencia el 11 de marzo de 2026. Para unos, el resultado cerró el ciclo del estallido; para otros, sus demandas sociales siguen sin respuesta.

Cronología del estallido social chileno

Fecha	Acontecimiento
6-7 oct. 2019	Entra en vigor el alza de tarifa y comienzan las evasiones en el metro
18 oct. 2019	Incendio de estaciones de metro; estado de emergencia
25 oct. 2019	«La marcha más grande de Chile»: más de un millón de personas en Santiago
15 nov. 2019	Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución
20 nov. 2019	LASTESIS estrenan «Un violador en tu camino» en Valparaíso
25 oct. 2020	Plebiscito: 78,3 % a favor de una nueva constitución
15-16 may. 2021	Elección de la Convención Constitucional
4 sep. 2022	Plebiscito de salida: 61,9 % rechaza la propuesta
17 dic. 2023	Rechazo de la segunda propuesta constitucional (55,8 %)
11 mar. 2026	José Antonio Kast asume la presidencia