Los movimientos indígenas en el siglo XXI

En el año 2000, los pueblos indígenas de América Latina llevaban más de una década acumulando una fuerza política sin precedentes. El Convenio 169 de la OIT, adoptado en 1989, había incorporado al derecho internacional la obligación de consultar a los pueblos afectados por proyectos en sus territorios. Las reformas constitucionales de los años noventa en Colombia (1991), México (1992), Bolivia (1994) y Ecuador (1998) habían reconocido, al menos sobre el papel, el carácter pluricultural de sus Estados. Los levantamientos de la CONAIE en Ecuador desde 1990 y la rebelión zapatista de 1994 en Chiapas habían mostrado que los indígenas eran ya actores políticos de primer orden, un proceso que el sociólogo chileno José Bengoa bautizó como la emergencia indígena en América Latina. Pero el reconocimiento formal y la realidad concreta estaban —y siguen estando— muy lejos el uno del otro.

El siglo XXI arrancó, para los movimientos indígenas, con una doble herencia: la de las conquistas institucionales incompletas y la de una conflictividad territorial que no cesaba sino que se intensificaba. La expansión de la frontera agrícola, la minería a gran escala, los megaproyectos de infraestructura y, más tarde, la crisis climática, convirtieron los territorios indígenas en uno de los principales focos de conflicto del continente.

No hubo un movimiento único, sino luchas diversas y locales, con agendas propias y éxitos desiguales, unidas por la defensa de la tierra y del derecho a decidir sobre el propio destino.

El horizonte plurinacional: Bolivia y Ecuador

Pocos hechos ilustran mejor el alcance —y los límites— de los movimientos indígenas en el siglo XXI que la llegada de Evo Morales a la presidencia de Bolivia en 2006. Un dirigente aymara del sindicalismo cocalero, ligado a los movimientos campesinos, accedía al gobierno de un Estado con mayoría de población indígena. La Constitución boliviana de 2009 declaró a Bolivia un Estado Plurinacional, oficializó 36 idiomas indígenas y reconoció a sus pueblos formas propias de organización, justicia y autogobierno.

El caso ecuatoriano siguió una lógica parecida. La Constitución de Montecristi (2008), aprobada durante la presidencia de Rafael Correa y con la presión de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), declaró el Estado plurinacional, fue la primera del mundo en reconocer derechos a la naturaleza —la Pachamama como sujeto jurídico— y convirtió el sumak kawsay o buen vivir en principio rector del Estado.

Sin embargo, la relación entre los gobiernos progresistas y los propios movimientos indígenas que contribuyeron a encumbrarlos fue tensa y a menudo conflictiva. Tanto Morales como Correa impulsaron la extracción de recursos naturales —gas, petróleo, minerales— en territorios indígenas, colisionando frontalmente con las comunidades que reclamaban autonomía territorial. El conflicto del TIPNIS en Bolivia (2011) y la ruptura entre la CONAIE y Correa mostraron que el reconocimiento constitucional no bastaba para frenar el modelo extractivo. La CONAIE siguió siendo un actor decisivo después: encabezó los paros de 2019 y 2022 contra la subida de los combustibles, y en 2023 una consulta popular aprobó, con cerca del 59 % de los votos, dejar bajo tierra el petróleo del bloque 43 en el Parque Nacional Yasuní.

Territorios en disputa: la frontera extractiva

El conflicto de fondo es material: los territorios indígenas contienen buena parte del petróleo, el gas, los minerales, el agua y la biodiversidad que demandan los mercados globales.

En la Amazonía brasileña, durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) no se demarcó ninguna nueva tierra indígena y las organizaciones indígenas denunciaron un debilitamiento de los organismos de protección. La deforestación medida por el INPE alcanzó en 2021 su nivel más alto desde 2006. Los yanomamis, pueblo que habita la selva entre Brasil y Venezuela, sufrieron una crisis humanitaria grave por la invasión de mineros ilegales —garimpeiros— en sus tierras, con consecuencias de malaria, desnutrición y violencia documentadas por la Hutukara Associação Yanomami y denunciadas internacionalmente. El chamán Davi Kopenawa, portavoz de ese pueblo, había advertido durante décadas de esa amenaza en La caída del cielo, el libro escrito con el antropólogo Bruce Albert.

En México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) apostó por la autonomía de hecho tras el fracaso de los Acuerdos de San Andrés: en 2003 creó los caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, comunidades autogobernadas en Chiapas sin reconocimiento del Estado. En 2023 anunció una reorganización que sustituyó esas juntas por gobiernos autónomos locales, en un contexto de creciente violencia del crimen organizado en la región. El zapatismo se convirtió en una referencia internacional para movimientos altermundistas y de autogobierno.

En Chile, el conflicto mapuche alcanzó en la segunda década del siglo su mayor intensidad desde el retorno a la democracia. La demanda de restitución de tierras en la Araucanía, los ataques de grupos radicales contra empresas forestales y la respuesta del Estado —incluida la aplicación de la Ley Antiterrorista de 1984 a comuneros y el estado de excepción en la llamada Macrozona Sur desde 2021— alimentaron un ciclo de violencia que ningún gobierno ha resuelto. Tras el estallido social de 2019, la Convención Constitucional contó con 17 escaños reservados a pueblos indígenas y fue presidida por la académica mapuche Elisa Loncon, pero su propuesta de Estado plurinacional fue rechazada en el plebiscito de 2022.

La Declaración de la ONU y el derecho internacional

En septiembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, un documento que reconoce el derecho a la libre determinación, la propiedad colectiva del territorio, el consentimiento libre, previo e informado ante cualquier proyecto que les afecte, y la preservación de sus lenguas y culturas. Votaron en contra Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos, aunque los cuatro la respaldaron después.

La Declaración no es vinculante en derecho internacional, y su aplicación efectiva depende de la voluntad política de cada Estado. Pero ha servido como marco de referencia para litigios, negociaciones y presión política en todos los continentes. En América Latina, la consulta previa establecida por el Convenio 169 de la OIT, ratificado por catorce países latinoamericanos, se ha convertido en el terreno de disputa más frecuente entre comunidades y empresas extractivas: qué significa consultar, quién tiene legitimidad para ser consultado y si la consulta implica o no derecho de veto son preguntas que los tribunales de la región responden de maneras muy distintas.

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, que celebró su primera sesión en 2002, y los relatores especiales, empezando por el mexicano Rodolfo Stavenhagen, cuyos informes están recopilados en libro, documentan caso por caso el cumplimiento de estos derechos.

Mujeres indígenas: la voz más expuesta

Dentro de los movimientos indígenas, las mujeres han ocupado en el siglo XXI un lugar protagonista y, a la vez, han sufrido las consecuencias más graves de la violencia asociada al conflicto territorial. En Guatemala, Honduras y México, defensoras de territorios y activistas ambientales han sido asesinadas con una frecuencia que organizaciones como Global Witness documentan anualmente. El caso de Berta Cáceres, dirigente lenca hondureña y Premio Goldman de Medio Ambiente en 2015, asesinada en marzo de 2016 por oponerse a la presa de Agua Zarca, concentró durante años la atención internacional.

Pero la visibilidad de las mujeres indígenas no se reduce a su condición de víctimas. Organizaciones como la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas o la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad han construido agendas propias que articulan feminismo comunitario, defensa territorial y soberanía alimentaria. En muchas comunidades, son las mujeres quienes sostienen la transmisión de la lengua, la memoria y los sistemas de conocimiento ecológico local.

Cambio climático y participación política

La crisis climática ha colocado a los pueblos indígenas en el centro del debate ambiental global. Organismos internacionales repiten a menudo que sus territorios albergan en torno al 80 % de la biodiversidad terrestre, una cifra cuyo origen algunos investigadores discuten, aunque nadie niega su peso: los indígenas son en torno al 6 % de la población mundial y gestionan una parte muy grande de los bosques mejor conservados. Diversos estudios, entre ellos de la FAO, muestran que donde los pueblos indígenas tienen derechos seguros sobre sus tierras la deforestación suele ser menor.

Esta realidad ha transformado la posición de los movimientos indígenas en las negociaciones climáticas internacionales. En las sucesivas cumbres del clima, sus representantes han reclamado ser tratados no como grupos vulnerables, sino como actores con conocimientos y capacidad de gestión territorial. La Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas, creada en la COP21 de París (2015) y puesta en marcha en 2017, fue el primer mecanismo formal de participación indígena en esas negociaciones. En la COP26 de Glasgow (2021), varios gobiernos y fundaciones prometieron 1.700 millones de dólares para apoyar la tenencia de tierras indígenas, y la COP30, celebrada en Belém en noviembre de 2025, tuvo una presencia indígena sin precedentes en las calles y en los pasillos.

La participación también ha llegado a la política institucional. En Brasil, Lula creó en 2023 el primer Ministerio de los Pueblos Indígenas, dirigido inicialmente por Sônia Guajajara. En Guatemala, las autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán encabezaron en 2023 las protestas en defensa del resultado electoral que llevó al poder a Bernardo Arévalo. Pero los reveses también son reales: en Brasil, el Congreso aprobó en 2023 la ley del «marco temporal» y el Senado aprobó en 2025 una propuesta de enmienda constitucional en el mismo sentido. En diciembre de 2025 el Supremo declaró inconstitucional la disposición de aquella ley que establecía el marco temporal.

Cronología: hitos del movimiento indígena en el siglo XXI

Año	Acontecimiento
2002	Primera sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU
2006	Evo Morales asume la presidencia de Bolivia
2007	Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
2008	Constitución de Ecuador reconoce derechos de la naturaleza y el buen vivir
2009	Nueva Constitución Plurinacional de Bolivia
2011	Marcha indígena del TIPNIS en Bolivia contra una carretera en territorio protegido
2016	Asesinato de Berta Cáceres en Honduras
2019	Movilizaciones indígenas en Ecuador y Chile; crisis yanomami en Brasil
2021	Deforestación amazónica en su nivel más alto desde 2006; compromiso de Glasgow para las tierras indígenas
2022	La propuesta constitucional plurinacional de Chile es rechazada en plebiscito
2023	Brasil declara la emergencia sanitaria yanomami; Ecuador vota proteger el Yasuní
2025	COP30 en Belém; el Supremo brasileño vuelve a rechazar el marco temporal