Las redes sociales y la política en América Latina

En la noche del 18 de octubre de 2019, mientras ardían estaciones del metro de Santiago y las calles de Chile se llenaban de manifestantes, miles de vídeos grabados con teléfonos móviles inundaron Twitter e Instagram antes de que muchos informativos tradicionales hubieran reaccionado. Lo que el gobierno de Sebastián Piñera tardó horas en comprender, la ciudadanía lo estaba procesando y amplificando en tiempo real. El estallido social chileno fue, entre otras cosas, uno de los primeros grandes levantamientos latinoamericanos en los que las redes sociales no solo informaron sobre la crisis: ayudaron a convocarla, narrarla y sostenerla.

El fenómeno no era exclusivo de Chile ni empezó en 2019. Desde que Twitter y Facebook alcanzaron masa crítica en América Latina a principios de la década de 2010, la relación entre plataformas digitales y política ha sido intensa y contradictoria. Promesas de democratización e instrumentos de polarización han convivido en el mismo ecosistema.

La región ofrece, además, un laboratorio singular. América Latina combina un uso muy intenso de las redes y de la mensajería móvil —WhatsApp es casi universal en países como Brasil, Argentina o México— con instituciones frágiles, desigualdades persistentes y una larga tradición de movilización popular. Las redes no llegaron a un espacio vacío: llegaron a una región que ya sabía protestar.

De la Primavera Árabe a las plazas latinoamericanas (2010-2015)

La Primavera Árabe de 2011 convenció a muchos de que las plataformas digitales podían catalizar movilizaciones masivas. En América Latina, ese mismo año, el movimiento estudiantil chileno —encabezado ya por universitarios, cinco años después de la «revolución pingüina» de los estudiantes de secundaria de 2006— usó Twitter y Facebook para coordinar huelgas, difundir asambleas y presionar al primer gobierno de Piñera.

En México, el movimiento #YoSoy132 surgió en mayo de 2012, después de que el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, fuera abucheado en la Universidad Iberoamericana y varios dirigentes de su partido acusaran a los estudiantes de ser agitadores ajenos a la universidad. Ciento treinta y un alumnos respondieron con un vídeo mostrando sus credenciales; el número 132 se lo atribuyó cualquiera que se sumara. El movimiento criticó el sesgo de la cobertura televisiva de la campaña y tuvo en Twitter su canal principal.

Estos primeros movimientos compartían un rasgo: la tecnología servía para coordinar y hacer visible, pero los protagonistas solían ser organizaciones previas —federaciones estudiantiles, asociaciones vecinales— que adoptaban un canal nuevo. Como ha argumentado la socióloga Zeynep Tufekci, las redes reducen los costes de coordinación y aceleran la visibilidad, pero los movimientos necesitan raíces fuera de la pantalla para sostenerse. Evgeny Morozov ya había advertido en El desengaño de internet contra la idea de que la red democratiza por sí sola.

Líderes, trolls y ejércitos digitales

A mediados de la década de 2010, partidos y líderes latinoamericanos habían comprendido que las redes no eran solo un canal de comunicación, sino un campo de batalla. La consecuencia fue la profesionalización de la comunicación política digital y, en sus formas más opacas, la creación de estructuras para manipular la conversación pública.

Brasil fue el caso más estudiado. En la campaña de 2018, la de Jair Bolsonaro hizo un uso masivo de WhatsApp para difundir mensajes a millones de votantes. La periodista Patrícia Campos Mello reveló en Folha de S.Paulo que empresas habían contratado envíos masivos de mensajes contra el PT, lo que podía constituir financiación ilegal; en 2021 el Tribunal Superior Electoral reconoció la existencia de esos «disparos en masa», pero rechazó anular la victoria de Bolsonaro por falta de pruebas de que hubieran alterado el resultado. Campos Mello contó su investigación, y el acoso que sufrió después, en A máquina do ódio.

En Argentina, investigaciones periodísticas y académicas documentaron durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019) redes de cuentas coordinadas que amplificaban los mensajes del oficialismo y atacaban a periodistas y opositores; sus críticos acusaron al kirchnerismo de prácticas similares. En 2016, el colombiano Andrés Sepúlveda, preso por espionaje informático, aseguró a Bloomberg Businessweek que durante años había manipulado redes sociales y espiado a rivales en campañas de varios países latinoamericanos; el consultor venezolano J. J. Rendón, para quien dijo haber trabajado, lo negó.

Movimientos desde abajo: #NiUnaMenos y la política de la indignación

Mientras los partidos construían aparatos digitales, los movimientos ciudadanos usaban las mismas plataformas con otros fines. La irrupción del feminismo latinoamericano en el espacio digital es el ejemplo más claro.

La etiqueta #NiUnaMenos nació en Argentina en mayo de 2015 y convocó el 3 de junio una de las mayores manifestaciones de la historia reciente del país, ante el Congreso, contra los femicidios. La consigna se extendió en poco tiempo a Uruguay, Chile, México y Perú. Dos años después, el #MeToo estadounidense siguió una lógica parecida: traducir el dolor privado en indignación colectiva y en demanda política. Las redes permitieron que mujeres de países y condiciones sociales distintas reconocieran patrones comunes en sus experiencias.

El mismo mecanismo operó en Chile en noviembre de 2019, cuando el colectivo LasTesis estrenó la performance «Un violador en tu camino», cuyos vídeos se replicaron en decenas de países en cuestión de días. O en el Paro Nacional colombiano de 2021 contra el gobierno de Iván Duque, en el que las grabaciones de abusos policiales circularon masivamente; el gobierno y sus defensores denunciaron a su vez la difusión de vídeos descontextualizados y la violencia de algunos manifestantes.

Desinformación, polarización y algoritmos

Un análisis equilibrado no puede ignorar los efectos dañinos. La desinformación ha tenido consecuencias medibles en los procesos electorales de la región. En la campaña brasileña de 2018, un estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais, la Universidad de São Paulo y la agencia de verificación Lupa analizó decenas de miles de imágenes compartidas en cientos de grupos públicos de WhatsApp y concluyó que una parte importante de las más difundidas eran falsas o engañosas. En un entorno de mensajería cifrada, la verificación resulta casi imposible.

México, Ecuador, Bolivia y Venezuela han vivido episodios similares. La crisis boliviana de 2019 estuvo acompañada de una guerra de relatos en redes que todavía divide a los analistas: para unos, la auditoría de la OEA probó irregularidades graves en el recuento; para otros, estudios posteriores cuestionaron esas conclusiones y la renuncia de Evo Morales, tras la «sugerencia» del jefe del Ejército, fue un golpe de Estado.

El problema no es solo la falsedad de los contenidos, sino la arquitectura de las plataformas. Sus algoritmos están diseñados para maximizar la atención, y numerosas investigaciones indican que el contenido que genera reacciones emocionales intensas —la indignación, el miedo— se propaga más que el matizado. El periodista Max Fisher dedica en Las redes del caos un amplio capítulo a Brasil, donde vincula las recomendaciones de YouTube con el ascenso de figuras de la extrema derecha.

La última frontera es la inteligencia artificial. En las legislativas de la ciudad de Buenos Aires de mayo de 2025 circularon, en plena veda electoral, vídeos falsos generados con IA en los que el expresidente Macri parecía pedir el voto para el candidato de La Libertad Avanza; su partido lo denunció como un intento de fraude y la justicia electoral ordenó a X retirarlos. En Brasil, el Tribunal Superior Electoral prohibió los deepfakes en la propaganda electoral y exige avisar cuando se usa IA; en septiembre de 2026, semanas antes de las elecciones presidenciales, precisó qué contenidos sintéticos quedan prohibidos.

Cronología: redes sociales y política en América Latina

Año	Acontecimiento
2011	Movimiento estudiantil universitario en Chile, coordinado en buena parte a través de las redes
2012	México: surge #YoSoy132 tras la visita de Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana
2015	Argentina: #NiUnaMenos convoca una manifestación multitudinaria el 3 de junio
2018	Brasil: denuncias de envíos masivos de WhatsApp en la campaña presidencial
2019	Estallido social en Chile; crisis política en Bolivia y guerra de relatos sobre el recuento
2021	Paro Nacional en Colombia; el TSE brasileño rechaza anular la elección de 2018
2024	El STF suspende X en Brasil entre el 30 de agosto y el 8 de octubre
2025	El STF amplía la responsabilidad de las plataformas; deepfakes en las elecciones porteñas
2026	El TSE fija los criterios sobre deepfakes para las elecciones brasileñas de octubre

Regulación, moderación y libertad de expresión

El reconocimiento de los daños asociados a las redes ha abierto en América Latina un debate sobre regulación lejos de resolverse. Los intentos legislativos han chocado con dos obstáculos: la oposición de las grandes tecnológicas, con enorme influencia política y económica, y la dificultad de equilibrar la moderación de contenidos con la libertad de expresión.

Brasil es el país que más lejos ha llegado. El llamado proyecto de ley de las fake news (PL 2630), aprobado por el Senado en 2020, quedó bloqueado en la Cámara de Diputados en 2023 tras una intensa campaña de las plataformas. El impulso pasó entonces a los tribunales: en junio de 2025, el Supremo Tribunal Federal declaró parcialmente inconstitucional el artículo 19 del Marco Civil de Internet y amplió los supuestos en que las plataformas responden por contenidos de terceros sin necesidad de orden judicial. Los gobiernos progresistas suelen defender la regulación para frenar la desinformación y el discurso de odio; los conservadores la ven a menudo como una forma de censura.

El choque más visible fue el de X. Elon Musk, que compró Twitter en 2022 y lo rebautizó, se negó a cumplir órdenes del juez del STF Alexandre de Moraes que exigían bloquear perfiles investigados por difundir desinformación y ataques a las instituciones, y cerró la oficina de la empresa en Brasil. Moraes ordenó suspender la red en todo el país el 30 de agosto de 2024; X volvió a funcionar el 8 de octubre, después de nombrar una representante legal y pagar unos 28 millones de reales en multas. Musk y sus aliados en la derecha brasileña presentaron el caso como censura; el tribunal y el gobierno de Lula, como una cuestión de cumplimiento de la ley por parte de una empresa extranjera.

El debate latinoamericano es una versión regional de un problema global: cómo gobernar espacios de comunicación que funcionan como infraestructura pública y son, a la vez, negocios privados. La región lo afronta con instituciones a menudo más débiles y con una tradición histórica de uso del poder comunicativo con fines autoritarios, lo que hace el equilibrio especialmente delicado.