El narcotráfico y la violencia en México

El 11 de diciembre de 2006, Felipe Calderón llevaba diez días como presidente de México cuando anunció el Operativo Conjunto Michoacán, el despliegue de miles de soldados y policías federales contra el crimen organizado en su estado natal. Casi veinte años después, aquella «guerra» —la palabra la usó el propio Calderón— ha cambiado de forma, de geografía y de protagonistas, pero la violencia sigue moldeando la vida cotidiana de millones de mexicanos. Entre 2007 y 2024 el INEGI registró más de 450.000 homicidios en el país; no todos son atribuibles al crimen organizado, pero la cifra da idea de la escala. A ellos se suman más de 130.000 personas desaparecidas en el registro oficial en 2026.

Entender el narcotráfico mexicano exige ir más allá de la retórica de la «guerra contra las drogas». Es un fenómeno histórico, económico y político, enraizado en décadas de corrupción institucional, en la demanda del mercado estadounidense —y en el flujo de armas desde ese país— y en profundas desigualdades sociales.

Los orígenes: de la plaza al cártel

El tráfico de drogas en México no comenzó en 2006. Sus raíces son mucho más antiguas. Desde principios del siglo XX, la producción de opio en la sierra del noroeste mexicano —especialmente en Sinaloa, Durango y Chihuahua, el llamado «Triángulo Dorado»— alimentó un comercio ilícito que los propios poderes locales toleraban, cuando no protegían activamente. Durante las décadas del partido hegemónico —el PRI y sus predecesores gobernaron México sin interrupción entre 1929 y 2000—, muchos investigadores describen una coexistencia pactada entre las organizaciones criminales y el Estado: las plazas se repartían, los sobornos fluían hacia arriba y la violencia se contenía dentro de límites no escritos.

La quiebra de ese pacto llegó por dos vías simultáneas. Por un lado, la democratización política de México a partir de los años noventa debilitó la estructura centralizada del PRI y, con ella, la capacidad del Estado para arbitrar las disputas entre organizaciones criminales. Por otro lado, el desmantelamiento de los grandes cárteles colombianos a principios de esa misma década dejó un vacío en la distribución de cocaína hacia Estados Unidos que los grupos mexicanos llenaron con rapidez y con ambición. De simples intermediarios, los cárteles mexicanos pasaron a ser los dueños de la ruta.

La guerra de Calderón y la fragmentación de los cárteles

Calderón defendió la militarización como respuesta a unas policías locales infiltradas por el crimen; sus críticos sostienen que buscaba también consolidar una presidencia cuya victoria electoral, por menos de un punto, había sido impugnada. Sus consecuencias fueron graves. Al atacar las estructuras de mando de los cárteles, la presión militar no los desmanteló: los fragmentó. Los Zetas, brazo armado del Cártel del Golfo formado por desertores de fuerzas especiales del Ejército, rompieron con él en 2010 y se convirtieron en una organización de extrema violencia. El Cártel de Sinaloa —liderado durante años por Joaquín «El Chapo» Guzmán, cuya extradición a Estados Unidos en 2017 y condena a cadena perpetua en 2019 concentraron la atención mundial— diversificó sus actividades y amplió su presencia internacional.

La violencia se disparó precisamente en los momentos de mayor presión institucional. Las ciudades de la frontera norte —Ciudad Juárez, Tijuana, Nuevo Laredo— se convirtieron en escenarios de una guerra abierta por el control de las rutas. Ciudad Juárez superó los 3.000 homicidios en 2010, lo que la situó entre las ciudades más violentas del planeta. El patrón se repetiría en años posteriores en otras latitudes: Acapulco, Culiacán, Celaya, Zacatecas.

Otro de los cambios más significativos de los últimos quince años es que los cárteles mexicanos han dejado de ser organizaciones dedicadas exclusivamente al tráfico de estupefacientes. La presión sobre esa actividad, combinada con las oportunidades que ofrece una economía informal extensa y unas instituciones débiles, los ha llevado a diversificarse de forma sistemática.

El huachicol —el robo de combustible de los oleoductos de Pemex— se convirtió en una fuente de ingresos multimillonaria. La extorsión a comercios, transportistas, agricultores y pequeñas empresas se ha convertido en una forma de «tributación paralela» que algunas organizaciones imponen sobre comunidades enteras. El secuestro, la trata de personas, la explotación de migrantes en tránsito, el robo de minerales: las economías ilegales se superponen y se retroalimentan. Grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), surgido a principios de la década de 2010, combinan todas estas actividades con una capacidad de fuego que en algunos enfrentamientos ha igualado o superado a la de las fuerzas de seguridad del Estado.

El impacto humano: víctimas, desplazados y periodistas

El registro oficial suma más de 130.000 personas desaparecidas, la mayoría desde 2006. La tragedia de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014 presuntamente con complicidad de autoridades locales, se convirtió en símbolo de la impunidad; más de una década después, solo se han identificado restos de tres de ellos.

El desplazamiento forzado interno es otro fenómeno creciente. Comunidades enteras de estados como Guerrero, Michoacán o Chihuahua han sido vaciadas por la presión del crimen organizado. Según la organización IDMC, México es uno de los países latinoamericanos con mayor número de desplazados internos por violencia.

Los periodistas son otro grupo especialmente vulnerable. México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo: desde 2000, más de 150 comunicadores han sido asesinados, la gran mayoría de ellos reporteros locales que cubrían crimen organizado o corrupción. La obra de Javier Valdez Cárdenas, periodista sinaloense asesinado en 2017, —por ejemplo, Narcoperiodismo (2016)— retrata esa realidad desde dentro.

Corrupción e impunidad

Ningún análisis del narcotráfico mexicano puede ignorar el papel de la corrupción institucional. La penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado —policías municipales, ministerios públicos, gobiernos locales y, en casos documentados, niveles estatales y federales— es, para muchos especialistas, un rasgo estructural y no una anomalía. El caso más llamativo es el de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Calderón, condenado en Estados Unidos en 2024 a más de 38 años de prisión por colaborar con el Cártel de Sinaloa. Según organizaciones como México Evalúa, más del 90 % de los delitos quedan impunes.

Esta realidad crea un círculo vicioso. La falta de confianza en las instituciones reduce la denuncia; la ausencia de denuncia reduce la investigación; la escasa investigación perpetúa la impunidad. En algunas regiones, las comunidades han respondido con la creación de autodefensas o policías comunitarias, fenómeno que a su vez ha generado nuevas complejidades, porque algunas de estas milicias han acabado cooptadas por las mismas organizaciones que pretendían combatir.

El problema tampoco es solo mexicano. Los estudios sobre lavado de dinero y flujos financieros ilícitos muestran que los beneficios del tráfico de drogas se blanquean en el sistema financiero internacional, con participación de instituciones en Estados Unidos, Europa y paraísos fiscales.

De Peña Nieto a Sheinbaum: las respuestas del Estado

Los gobiernos posteriores a Calderón —Enrique Peña Nieto (2012–2018) y Andrés Manuel López Obrador (2018–2024)— respondieron al fracaso relativo de la estrategia militarista con aproximaciones distintas, aunque ninguna resolvió el problema de fondo.

Peña Nieto apostó por capturar a los grandes capos: «El Chapo» fue detenido en 2014 y, tras fugarse en 2015 del penal del Altiplano, de nuevo en 2016. Pero la lógica de la «decapitación» de estructuras criminales, como la experiencia había demostrado repetidamente, no desmantela las organizaciones: las fragmenta y recombina. López Obrador formuló la estrategia de «abrazos, no balazos», que priorizaba las causas sociales de la violencia, y creó la Guardia Nacional, integrada después en la Defensa. Sus partidarios destacan los programas sociales; sus críticos, que los homicidios se mantuvieron en niveles muy elevados durante todo su mandato.

Claudia Sheinbaum, presidenta desde el 1 de octubre de 2024, encargó la seguridad a Omar García Harfuch con una estrategia centrada en la inteligencia y la coordinación, y bajo fuerte presión de Donald Trump. En febrero de 2025 Estados Unidos designó como organizaciones terroristas extranjeras a seis grupos criminales mexicanos —entre ellos los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación— junto al Tren de Aragua y la MS-13, y amenazó con aranceles. México respondió enviando tropas a la frontera norte y trasladó a Estados Unidos a 92 presos vinculados al narcotráfico en tres envíos (febrero y agosto de 2025, enero de 2026), aunque Sheinbaum rechazó cualquier intervención militar estadounidense en su territorio. El 22 de febrero de 2026, el líder del CJNG, Nemesio Oseguera, «El Mencho», murió en un operativo militar en Tapalpa (Jalisco) con apoyo de inteligencia estadounidense, lo que desató bloqueos y ataques en varios estados.

Según los datos preliminares del INEGI, en 2025 se registraron 27.989 homicidios, un 16,6 % menos que el año anterior y una tasa de 21,4 por cada 100.000 habitantes. El Gobierno afirma que el promedio diario de homicidios dolosos cayó un 53 % entre septiembre de 2024 y agosto de 2026. Organizaciones civiles y analistas advierten, sin embargo, de que las desapariciones siguen por encima de las 12.000 anuales y piden cautela sobre la clasificación de los delitos. La obra del periodista Ioan Grillo ofrece el contexto de largo plazo para leer estos vaivenes.

Cronología del narcotráfico en México (2000–2026)

Año	Acontecimiento
2000	Vicente Fox (PAN) pone fin a siete décadas de gobiernos del PRI
2001	Primera fuga de «El Chapo» Guzmán, del penal de Puente Grande
2006	Calderón declara la guerra al crimen organizado; despliegue militar en Michoacán
2010	Ruptura entre Los Zetas y el Cártel del Golfo; Ciudad Juárez supera los 3.000 homicidios
2014	Desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; crisis de legitimidad institucional
2015	Segunda fuga de «El Chapo», del penal del Altiplano
2017	Extradición de «El Chapo» a Estados Unidos; ascenso del CJNG
2019	«Culiacanazo»: el Gobierno libera a Ovidio Guzmán, hijo de «El Chapo», tras un operativo fallido
2024	Detención de «El Mayo» Zambada en EE. UU. y guerra interna en el Cártel de Sinaloa; Sheinbaum asume la presidencia
Febrero 2025	EE. UU. designa a varios cárteles mexicanos organizaciones terroristas; primer traslado masivo de presos
Febrero 2026	Muerte de «El Mencho», líder del CJNG, en un operativo en Jalisco