El cambio climático y la Amazonía

La Amazonía es el bosque tropical más extenso del planeta: unos 5,5 millones de kilómetros cuadrados de selva dentro de una cuenca de cerca de 7 millones, repartidos entre nueve países y territorios, con Brasil como poseedor de alrededor del sesenta por ciento. Almacena en su vegetación y sus suelos entre 150.000 y 200.000 millones de toneladas de carbono, más de una década de emisiones mundiales de origen fósil. Regula buena parte del ciclo del agua de Sudamérica y alberga en torno al diez por ciento de las especies conocidas de la Tierra. Y desde finales del siglo XX pierde terreno.

Cuando los científicos hablan de «puntos de no retorno» en el cambio climático, la Amazonía aparece en casi todas las listas. Thomas Lovejoy y Carlos Nobre advirtieron en 2018 de que, si se destruye entre el veinte y el veinticinco por ciento de la selva, el sistema hidrológico que la mantiene viva puede colapsar de forma irreversible, transformando buena parte del bosque en sabana. Algunos estudios recientes sugieren que en determinadas zonas del sur y el este el bosque ya muestra señales de pérdida de resiliencia. La cifra exacta del umbral se discute, pero el diagnóstico general es compartido: la degradación ha avanzado mucho más deprisa de lo que se preveía hace unas décadas.

La crisis no es solo ambiental: también es política, económica y humana, y comprenderla exige mirar más allá de las imágenes de satélite de los incendios.

Un siglo de presión: las raíces de la crisis actual

La deforestación de la Amazonía no empezó en el siglo XXI, como muestra la historia de la región de John Hemming. Sus raíces inmediatas se hunden en las políticas desarrollistas de la segunda mitad del siglo XX: los grandes proyectos de colonización agrícola de la dictadura militar brasileña en los años sesenta y setenta, la construcción de la Transamazónica, la apertura de frentes ganaderos. Lo que cambió a partir del año 2000 fue la escala, la velocidad y los instrumentos de la destrucción.

La expansión de la soja —impulsada por la demanda de piensos, sobre todo de China y Europa— transformó grandes extensiones del Cerrado y del llamado «arco de la deforestación», en el borde sur y este de la selva. La ganadería extensiva siguió siendo el principal motor de la tala: Brasil se convirtió en el mayor exportador mundial de carne de vacuno, y buena parte de su cabaña pasta en tierras que fueron selva pocas décadas antes.

La minería ilegal de oro —el garimpo— añadió otro frente. Con el precio del oro al alza tras la crisis financiera de 2008, decenas de miles de garimpeiros entraron en territorios indígenas protegidos, contaminando ríos con mercurio y desplazando comunidades. En la Tierra Indígena Yanomami, en la frontera entre Brasil y Venezuela, la invasión minera desembocó en una crisis sanitaria —desnutrición, malaria— que el gobierno brasileño declaró emergencia de salud pública en enero de 2023.

La era Bolsonaro: cuatro años de aceleración

Buena parte de los especialistas considera el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil (2019-2022) un punto de inflexión en la crisis amazónica reciente. No porque inventara la deforestación, que venía de antes, sino porque, según sus críticos y los propios datos oficiales, su Administración debilitó los mecanismos de control ambiental que habían reducido la tala en la década anterior. Sus partidarios defendían que la Amazonía debía abrirse al desarrollo económico y rechazaban lo que consideraban injerencia extranjera.

El IBAMA, la principal agencia fiscalizadora, vio reducidos su presupuesto, su personal y el número de multas impuestas. La FUNAI, el organismo de protección de los pueblos indígenas, perdió capacidad de actuación. Y en 2019 el propio presidente cuestionó públicamente los datos del sistema de alerta satelital DETER, del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE); el director del instituto, Ricardo Galvão, fue destituido tras defenderlos.

Entre 2019 y 2022, la deforestación en la Amazonía brasileña alcanzó sus niveles más altos desde mediados de la década de 2000. En el periodo 2020-2021, según el sistema PRODES del INPE, se talaron unos 13.000 kilómetros cuadrados de selva, la mayor cifra desde 2006. Los incendios de 2019 y 2020, muchos de ellos provocados para despejar tierra para pastos, pusieron la crisis en el centro de la agenda internacional y aumentaron la presión diplomática sobre Brasil.

El giro de Lula y sus límites

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022 fue recibida con alivio por buena parte de la comunidad científica y de los movimientos ambientalistas. Lula prometió «deforestación cero» para 2030 y el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido de nuevo por Marina Silva, recuperó capacidad de actuación. Los datos oficiales reflejan el cambio: según el PRODES, la tala bajó a unos 9.000 km² en 2023, a unos 6.500 en 2024 y a 5.731 km² entre agosto de 2024 y julio de 2025, la tercera cifra más baja desde que empezó la serie en 1988 y la mitad que en 2022.

En noviembre de 2025, Belém acogió la COP30, la primera cumbre del clima de la ONU celebrada en la Amazonía. Allí se lanzó el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), un mecanismo que pagará a los países por cada hectárea de bosque que mantengan en pie, con compromisos iniciales de unos 5.500 millones de dólares. El texto final, en cambio, no incluyó una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles, lo que decepcionó a los grupos ecologistas y a varios gobiernos.

Los límites del cambio son, sin embargo, considerables. La bancada ruralista, vinculada al agronegocio, mantiene un peso decisivo en el Congreso brasileño; la demanda mundial de soja, carne, minerales y madera no ha disminuido; y en 2025 Mato Grosso, gran estado agrícola, aumentó su deforestación mientras bajaba en casi todos los demás.

Además, el problema desborda las fronteras de Brasil. La selva también retrocede en Perú, Colombia, Bolivia y Venezuela. En Colombia, el vacío dejado por la desmovilización de las FARC tras el acuerdo de paz de 2016 permitió que disidencias y otros grupos armados ocuparan territorios amazónicos y controlaran economías ilegales ligadas a la coca, la minería y la madera. Durante el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) la deforestación bajó con fuerza en 2023 y volvió a subir en 2024. En Bolivia, los incendios de 2024 arrasaron millones de hectáreas de bosque y sabana.

Pueblos indígenas: guardianes y víctimas

Numerosos estudios coinciden en que los territorios indígenas demarcados y reconocidos legalmente están entre los que mejor han resistido la deforestación. Las comunidades que llevan generaciones viviendo del bosque, cuya supervivencia depende de él, han demostrado ser una de las formas de protección más eficaces.

Esas mismas comunidades son también víctimas directas de la crisis: invasión de sus territorios por garimpeiros, madereros y ganaderos, contaminación del agua, desplazamientos y, en casos documentados, asesinatos de líderes y defensores ambientales. Los informes anuales de la ONG Global Witness sitúan desde hace años a América Latina —con Colombia y Brasil a la cabeza— como la región más peligrosa del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente. El testimonio del chamán Davi Kopenawa, recogido por el antropólogo Bruce Albert en The Falling Sky, cuenta esa invasión desde dentro.

La trayectoria de líderes como Sônia Guajajara, primera ministra de Pueblos Indígenas de Brasil (2023), o la memoria de asesinados como el seringueiro Chico Mendes (1988) y, más recientemente, el indigenista Bruno Pereira y el periodista británico Dom Phillips —muertos en el valle del Javari en junio de 2022—, recuerdan la dimensión humana de una crisis que a menudo se narra solo en hectáreas y toneladas de CO₂.

El cambio climático como retroalimentación

La selva no es solo víctima del calentamiento global; cuando se destruye, también lo acelera. Un bosque tropical en pie absorbe carbono; uno quemado o talado lo libera. La transformación de la Amazonía de sumidero en fuente neta de CO₂ —que un estudio publicado en Nature en 2021 detectó ya en el sudeste de la cuenca— significaría que la selva está contribuyendo activamente al problema en vez de mitigarlo. A esto se añade el efecto de los «ríos voladores»: los grandes flujos de vapor de agua que la selva amazónica bombea hacia el interior del continente y que sostienen las lluvias en regiones agrícolas que van desde el sur de Brasil hasta el norte de Argentina. Si la selva mengua lo suficiente, esos ríos atmosféricos se debilitan, con consecuencias graves para la agricultura de buena parte de América del Sur.

El cambio climático también altera la selva desde dentro: sequías excepcionales como las de 2005, 2010, 2015-2016 y, sobre todo, 2023-2024 —cuando varios ríos de la cuenca marcaron mínimos históricos— son cada vez más frecuentes. Las sequías extremas matan árboles que llevan siglos en pie, reducen la humedad del sotobosque y aumentan el riesgo de incendios en un ecosistema que no evolucionó para soportarlos. Las investigaciones del climatólogo Carlos Nobre, entre otros, han sido fundamentales para entender estos mecanismos de retroalimentación.

Cronología: la Amazonía en el siglo XXI

Año	Acontecimiento
2004	Brasil lanza el Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonía (PPCDAm) tras registrar 27.772 km² de tala, la segunda cifra más alta de la serie
2012	La deforestación cae a 4.571 km², mínimo de la serie PRODES y más de un 80 % menos que en 2004
2012	Nuevo Código Forestal brasileño, criticado por los ambientalistas por reducir protecciones y amnistiar talas anteriores
2019	Inicio del gobierno Bolsonaro; recortes en las agencias ambientales; destitución del director del INPE; grandes incendios en agosto y septiembre
2021	La deforestación en la Amazonía brasileña roza los 13.000 km² (PRODES), el mayor registro desde 2006
2022	Asesinato de Bruno Pereira y Dom Phillips; victoria electoral de Lula
2023	Emergencia sanitaria en la Tierra Indígena Yanomami; Sônia Guajajara, ministra de Pueblos Indígenas; la deforestación cae un 22 %
2023-2024	Sequía histórica en la cuenca amazónica; grandes incendios en Brasil y Bolivia
2025	La deforestación en Brasil baja a 5.731 km² (PRODES); COP30 en Belém (noviembre) y lanzamiento del fondo TFFF