Los pueblos originarios y sus derechos hoy

La CEPAL calculaba en 2018 unos 58 millones de personas indígenas en América Latina, repartidas en más de ochocientos pueblos, según sus informes regionales, que hablan más de cuatrocientas lenguas. Practican sistemas jurídicos propios, mantienen formas de organización comunitaria con siglos de historia y ocupan territorios de enorme valor ecológico. Y, sin embargo, siguen figurando en los peores indicadores socioeconómicos de la región: más pobreza, menor acceso a la salud, una educación dividida entre la lengua propia y la dominante y tierras amenazadas por proyectos extractivos.

El siglo XXI ha sido a la vez el periodo de mayor visibilidad política de los movimientos indígenas y el de algunos de sus peores reveses. Hubo constituciones reescritas, líderes elegidos y derechos reconocidos en instrumentos internacionales, pero también defensores asesinados, territorios deforestados y comunidades desplazadas por proyectos mineros o agroindustriales autorizados por el mismo Estado que debe protegerlas.

El marco internacional: de la tutela al reconocimiento

El punto de inflexión normativo más importante llegó en 2007 con la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). Tras más de dos décadas de negociaciones, en las que las organizaciones indígenas participaron directamente, la Asamblea General la adoptó el 13 de septiembre de 2007 con 143 votos a favor y 11 abstenciones. Solo cuatro países votaron en contra: Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Los cuatro acabaron respaldándola entre 2009 y 2010.

La Declaración reconoce el derecho a la libre determinación, al consentimiento libre, previo e informado ante los proyectos que afecte a los territorios indígenas, a mantener y fortalecer instituciones propias, a la propiedad colectiva de la tierra y a la identidad cultural. No es un tratado vinculante en sentido estricto —no crea obligaciones jurídicas directamente exigibles ante tribunales internacionales—, pero su peso político y su uso como argumento en litigios nacionales ha resultado considerable. Antes de la DNUDPI ya existía el Convenio 169 de la OIT (1989), que sí es vinculante para los estados que lo ratifican y que establece la consulta previa como obligación. Lo han ratificado catorce países latinoamericanos, además de Dominica en el Caribe.

El problema, como suele ocurrir en derecho internacional, está en el trecho entre el texto y la práctica. La consulta previa se ha convertido en uno de los campos de batalla más complejos de la región: los estados tienden a realizarla como trámite burocrático posterior a la decisión ya adoptada, mientras que los pueblos indígenas insisten en que debe ser libre, previa a cualquier decisión y con capacidad real de veto. Los tribunales de varios países —Colombia, Bolivia, Ecuador— han dado la razón a las comunidades en casos concretos, pero la aplicación sigue siendo irregular.

Los logros constitucionales: plurinacionalidad y autonomía

Los años noventa fueron el periodo de las reformas constitucionales pluriculturales: Colombia en 1991, México en 1992 (y de nuevo en 2001), Bolivia en 1994 o Ecuador en 1998 introdujeron reconocimientos impensables una generación antes. Las constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia (2009) fueron más allá. Ambas definen el Estado como plurinacional, es decir, constituido por más de una nación con derechos colectivos propios.

Bolivia, bajo el impulso político del gobierno de Evo Morales, fue especialmente ambiciosa. La Constitución de 2009 declaró oficiales treinta y seis idiomas indígenas, otorgó a la jurisdicción indígena originaria campesina igual jerarquía que la ordinaria y consagró el suma qamaña (buen vivir, en aymara) como principio rector de las relaciones entre el Estado, la sociedad y la naturaleza. Ecuador incorporó conceptos similares con el sumak kawsay e fue la primera del mundo en reconocer derechos propios a la naturaleza. El economista Alberto Acosta, presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi, ha defendido esa idea en su ensayo sobre el buen vivir.

Sin embargo, el caso boliviano ilustra también la brecha entre el texto constitucional y la política real. Durante los propios gobiernos del MAS —el partido de Morales, que se presentaba como instrumento político de los movimientos campesinos e indígenas—, surgieron conflictos graves con comunidades que se oponían a proyectos extractivos en sus territorios, el más emblemático de los cuales fue el del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure), donde el gobierno impulsó la construcción de una carretera a través del territorio amazónico a pesar de la oposición de los pueblos que lo habitan. La extracción de litio, gas y minerales siguió siendo la prioridad económica del Estado, y el discurso plurinacional no siempre pudo con la presión del modelo exportador.

Tierra, territorio y el extractivismo como amenaza estructural

Si hay una cuestión que atraviesa todos los debates sobre derechos indígenas en el siglo XXI, es la territorialidad. Para la mayoría de los pueblos originarios, el territorio no es simplemente suelo productivo ni propiedad individual: es el soporte físico de la identidad, la espiritualidad, los sistemas de conocimiento y la reproducción de la vida comunitaria. Esa concepción choca con modelos de desarrollo basados en la minería, el petróleo, el agronegocio o las grandes presas, que se concentran en zonas habitadas por pueblos indígenas.

Según el informe de Global Witness publicado en 2023, de los 177 defensores de la tierra y del medio ambiente asesinados en el mundo en 2022, casi nueve de cada diez lo fueron en América Latina, con Colombia, Brasil, México y Honduras a la cabeza; algo más de un tercio de las víctimas eran indígenas, muy por encima de su peso en la población. El patrón suele repetirse: una comunidad se opone a un proyecto minero, forestal, hidroeléctrico o agrícola, y llegan las amenazas y, en los casos extremos, el asesinato, a menudo sin que se identifique a los autores intelectuales. Pocos casos llegan a juicio y menos aún acaban en condena.

Brasil es, por sus dimensiones, el caso más alarmante. El país reconoce más de trescientos pueblos indígenas, la mayoría en la Amazonia, y alberga el mayor número de grupos aislados del mundo. Durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) la deforestación aumentó, según los datos del INPE, y no se demarcó ninguna nueva tierra indígena. El debate sobre la «tesis del marco temporal» —según la cual los pueblos indígenas solo tendrían derecho a las tierras que ocupaban físicamente en 1988, la fecha de la nueva constitución, ignorando los desplazamientos forzosos— amenazó con revertir décadas de demarcaciones. El Supremo Tribunal Federal la rechazó en septiembre de 2023, pero el Congreso respondió con la Ley 14.701, que la reintrodujo, y el Senado aprobó después una enmienda constitucional en el mismo sentido. En diciembre de 2025 el Supremo declaró inconstitucionales los artículos clave de esa ley, y el pulso entre ambos poderes sigue abierto en 2026.

Lenguas, educación y soberanía cultural

Los derechos culturales y lingüísticos forman el otro gran frente. Nadie sabe con certeza cuántas lenguas se hablaban en América antes del contacto europeo —las estimaciones varían mucho—, pero una parte considerable ha desaparecido. De las que sobreviven, muchas son habladas por comunidades muy pequeñas, con escasa transmisión intergeneracional, lo que las sitúa en riesgo real de extinción en el transcurso de este siglo.

Los estados han respondido, con desigual intensidad, con políticas de educación intercultural bilingüe (EIB). México, Guatemala, Perú, Bolivia y Ecuador tienen programas nacionales en este sentido, aunque los recursos asignados suelen ser insuficientes y la calidad de los materiales y la formación docente es heterogénea. El problema de fondo es que las lenguas indígenas apenas tienen presencia en el mercado laboral formal ni en los grandes medios, lo que empuja a abandonarlas.

Hay, no obstante, casos que ofrecen cierto optimismo. El guaraní es lengua oficial en Paraguay junto al castellano y lo habla la mayoría de la población, indígena o no. El quechua tiene presencia televisiva y radiofónica en varios países andinos. En México, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) ha elaborado normas de escritura y materiales para decenas de lenguas. Y las redes sociales y el vídeo digital han permitido a jóvenes indígenas crear contenido en sus propias lenguas con una visibilidad impensable hace veinte años.

Mujeres indígenas: la doble discriminación

El feminismo latinoamericano y los movimientos indígenas han tenido una relación a veces tensa y a veces complementaria. Las mujeres indígenas se enfrentan a una doble discriminación: la que procede del racismo estructural de las sociedades nacionales y la que, en ocasiones, opera dentro de las propias comunidades a través de sistemas de género que limitan su participación política y económica.

Las organizaciones de mujeres indígenas han articulado una respuesta que no pasa por elegir entre feminismo e identidad comunitaria, sino por construir lo que algunas activistas llaman «feminismo comunitario»: una crítica del patriarcado que incluye el colonialismo como causa estructural de la subordinación y que no acepta que la defensa de la «tradición» sea un argumento para mantener la desigualdad de género dentro de las comunidades.

Berta Cáceres (Honduras), dirigente lenca asesinada en marzo de 2016 por su oposición a la presa de Agua Zarca en el río Gualcarque, se convirtió en símbolo de esa confluencia. Su caso tuvo una resonancia internacional que ayudó a visibilizar la violencia contra las defensoras indígenas. En 2018 fueron condenados siete autores materiales, entre ellos un gerente de la empresa DESA, y en 2021 el expresidente ejecutivo de la compañía, Roberto David Castillo, fue declarado culpable como coautor: un hito poco habitual en este tipo de casos.

Cronología de hitos en derechos indígenas (siglo XXI)

Año	Acontecimiento
2000	El Consejo Económico y Social de la ONU crea el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas
2007	Aprobación de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
2008	Ecuador aprueba una constitución que reconoce los derechos de la naturaleza (Pachamama)
2009	Bolivia se constituye como Estado Plurinacional en su nueva Constitución
2007	Creación del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU)
2011	Conflicto del TIPNIS en Bolivia: choque entre gobierno y comunidades amazónicas
2016	Asesinato de Berta Cáceres en Honduras
2019	México reconoce en su Constitución a los pueblos y comunidades afromexicanos
2021	Condena de Roberto David Castillo, expresidente de DESA, por el asesinato de Cáceres
2023	El Supremo Tribunal Federal de Brasil rechaza la tesis del «marco temporal»
2025	El Supremo brasileño declara inconstitucional el núcleo de la ley del marco temporal