Canadá y su papel en América

Durante décadas, Canadá fue el gran olvidado de los debates sobre el continente americano. La atención del mundo —y de los propios latinoamericanos— se concentraba en Washington, y el vecino del norte quedaba relegado a un papel secundario: el aliado discreto, el socio comercial de los estadounidenses, el país que prefería el multilateralismo a los grandes gestos de poder. Pero ese perfil bajo escondía una presencia real y en expansión. Desde su ingreso en la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1990 hasta su protagonismo en las negociaciones del tratado comercial que sustituyó al TLCAN, Canadá ha ido construyendo un papel propio en el hemisferio, diferente —aunque no siempre divergente— del de su poderoso vecino del sur.

En el siglo XXI, esa presencia se ha vuelto imposible de ignorar. Canadá es uno de los grandes inversores extranjeros en América Latina y el Caribe, tiene tratados de libre comercio con México, Chile, Costa Rica, Perú, Colombia, Panamá y Honduras, y ha participado en la gestión de varias crisis políticas. Su política exterior ha alternado entre la vocación multilateralista que la caracteriza y los momentos en que los intereses económicos —sobre todo en minería y energía— han puesto a prueba su imagen de «potencia intermedia» honesta. Y desde 2025 su relación con Estados Unidos atraviesa la peor crisis en generaciones.

El eje continental: la relación con Estados Unidos

Nada define tanto la posición de Canadá en América como su relación con Estados Unidos. Los dos países comparten la frontera terrestre más larga del mundo (unos 8.900 kilómetros), intercambiaron en 2024 más de 750.000 millones de dólares estadounidenses solo en bienes y están integrados en cadenas de producción que convierten muchos de sus productos en genuinamente binacionales antes de llegar al consumidor.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado en 1992 y en vigor desde 1994, fue el eje de esa integración. Ampliaba el acuerdo bilateral de 1988 entre Canadá y Estados Unidos y creó, con México, la mayor zona de libre comercio del mundo en aquel momento. Para Canadá era en parte una apuesta defensiva: asegurarse el acceso al mercado estadounidense frente a eventuales medidas proteccionistas. Desde entonces, Estados Unidos absorbe en torno a tres cuartas partes de las exportaciones canadienses.

Cuando Donald Trump llegó a la presidencia en 2017 amenazando con romper el TLCAN, Canadá se vio ante una de sus mayores crisis diplomáticas recientes. Las negociaciones del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC o USMCA), concluidas en 2018 y en vigor desde 2020, fueron tensas: aranceles sobre el acero y el aluminio canadienses, presiones sobre el sector lácteo, roces sobre reglas de origen en la industria automotriz. El resultado fue valorado en general como aceptable en Ottawa, aunque el proceso demostró la vulnerabilidad de la economía canadiense ante las decisiones de su vecino. El tratado incluía una cláusula de revisión conjunta a los seis años, en 2026, que iba a adquirir enorme importancia.

Carney, Trump y la guerra comercial (2025–2026)

El regreso de Trump en enero de 2025 abrió la crisis más grave en la relación bilateral en generaciones. El presidente estadounidense insistió públicamente en que Canadá debería convertirse en el «estado número 51» y, alegando el tráfico de fentanilo y la inmigración irregular, impuso en marzo aranceles generales del 25 % a los productos canadienses no cubiertos por el T-MEC, con excepciones como la energía, a los que se sumaron gravámenes sectoriales sobre el acero, el aluminio (elevados al 50 % en junio), los automóviles y la madera. En agosto de 2025 el arancel general subió al 35 %.

La crisis coincidió con un relevo en Ottawa. Justin Trudeau anunció su dimisión en enero de 2025 y Mark Carney, exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, le sucedió como primer ministro el 14 de marzo; el 28 de abril ganó las elecciones generales en una campaña dominada por la respuesta a Washington. Carney respondió con aranceles de represalia, retiró en septiembre de 2025 la mayoría de ellos para facilitar la negociación y buscó diversificar mercados en Europa y Asia. En octubre de 2025 Trump dio por terminadas las conversaciones tras un anuncio televisivo del Gobierno de Ontario que utilizaba un discurso de Ronald Reagan contra los aranceles.

En febrero de 2026 el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló los aranceles basados en la ley de emergencias económicas, pero siguieron en vigor los sectoriales. El 1 de julio de 2026, en la revisión conjunta prevista del T-MEC, Washington se negó a prorrogar el tratado en su forma actual, lo que abre un ciclo de revisiones anuales; el acuerdo sigue vigente y tiene prevista su expiración en 2036 si no se prorroga. En agosto de 2026 las negociaciones bilaterales volvieron a romperse: Canadá anunció aranceles de represalia de hasta el 50 % sobre productos estadounidenses a partir del 8 de septiembre, y Trump respondió anunciando subidas hasta el 50 % de los aranceles sobre vehículos, piezas y camiones canadienses a partir de enero de 2027. Para el Gobierno canadiense se trata de defender su soberanía económica; la Casa Blanca sostiene que Canadá mantiene un comercio desequilibrado y barreras como las de su sector lácteo. La historia de esa integración continental que ahora se tensa, analizada por Stephen Clarkson, ayuda a entender cuánto está en juego.

Canadá y América Latina: de la periferia al protagonismo

El ingreso de Canadá en la OEA en 1990 marcó el comienzo de una implicación sistemática en los asuntos latinoamericanos. Antes de esa fecha, Ottawa prefería mantener distancia de una organización que muchos percibían como un instrumento de la política exterior estadounidense. La adhesión coincidió con el fin de la Guerra Fría y con el auge de las democracias en la región, lo que facilitó una colaboración más amplia en misiones de observación electoral y en programas de cooperación al desarrollo.

En los años 2000, la política latinoamericana canadiense se centró en la promoción del libre comercio, la inversión privada —especialmente minera— y el respaldo a las instituciones democráticas. Al TLCAN se habían sumado acuerdos con Chile (1997) y Costa Rica (2002), y el gobierno de Stephen Harper (2006-2015), que proclamó en 2007 una «estrategia para las Américas», puso en vigor los de Perú (2009), Colombia (2011), Panamá (2013) y Honduras (2014). Los críticos señalaron que varios de estos acuerdos se negociaron con gobiernos que tenían registros preocupantes en materia de derechos humanos, lo que planteó tensiones entre los compromisos económicos y los valores declarados de la diplomacia canadiense.

La inversión minera canadiense en América Latina ha sido el capítulo más controvertido de esta relación. Empresas como Barrick Gold, Kinross o Goldcorp operan o han operado en decenas de proyectos en México, Chile, Argentina, Perú y varios países centroamericanos. Para los defensores de esta presencia, genera empleo, divisas y transferencia tecnológica. Para los críticos —comunidades locales, organizaciones ambientales, muchos gobiernos de izquierda—, ha sido fuente de conflictos ambientales, desplazamientos de población y, en algunos casos documentados, violaciones de derechos humanos. El debate sobre la responsabilidad corporativa en el extranjero llevó a Canadá a crear en 2018 el Defensor Canadiense de la Responsabilidad Empresarial (CORE), con mandato sobre las actividades de sus empresas en el exterior, en particular en minería, petróleo y gas, y la confección textil; sus críticos consideran que tiene poderes demasiado limitados.

La agenda diplomática: entre el multilateralismo y los intereses propios

Canadá ha tenido un papel activo en varias crisis hemisféricas del siglo XXI. Fue uno de los miembros fundadores del Grupo de Lima, creado en agosto de 2017 para coordinar la presión diplomática internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. En enero de 2019 Ottawa reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y aplicó sus propias sanciones, alineándose con Washington aunque con un discurso centrado en los derechos humanos y el Estado de derecho.

Haití es uno de los grandes receptores de ayuda canadiense y Canadá participó en las misiones de estabilización de la ONU antes y después del terremoto de 2010. En 2023, cuando Washington sugirió que Ottawa encabezara una fuerza multinacional contra las bandas armadas, el Gobierno de Justin Trudeau declinó liderarla, recelando de intervenir en un país con una larga historia de injerencias extranjeras. La misión que finalmente autorizó el Consejo de Seguridad, liderada por Kenia, recibió financiación y apoyo logístico canadiense, y en 2025 dio paso a una nueva Fuerza de Supresión de Pandillas.

En Cuba, Canadá ha mantenido históricamente una posición diferente a la de Washington: nunca rompió relaciones diplomáticas con La Habana, y el turismo canadiense hacia la isla ha sido durante décadas uno de los principales aportes de divisas al país caribeño. Esa discrepancia con la política estadounidense resume la tensión de la diplomacia canadiense: ser un aliado leal sin ser un satélite.

Canadá como destino: migración latinoamericana

El papel de Canadá en América no se entiende solo desde la política exterior. Desde los años setenta —con la llegada de exiliados tras el golpe chileno de 1973 y, después, de refugiados de las guerras centroamericanas— Canadá ha sido un destino relevante de la emigración latinoamericana. En el censo de 2021, cerca de 600.000 personas se identificaron como latinoamericanas, con concentraciones importantes en Toronto, Montreal y Vancouver.

El sistema de inmigración canadiense, basado en puntos y en programas específicos como el de trabajadores agrícolas temporales —en vigor con México desde 1974 y que emplea cada año a decenas de miles de mexicanos y caribeños—, ha funcionado como un modelo alternativo al debate migratorio que domina la conversación en Estados Unidos. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas: las condiciones de los trabajadores temporales, su vulnerabilidad ante los empleadores y las dificultades para regularizar la situación son problemas reconocidos por organizaciones de derechos laborales.

La política migratoria canadiense ha sido históricamente más abierta que la estadounidense, pero afronta presiones crecientes: las llegadas irregulares desde Estados Unidos por el camino Roxham, en Quebec, entre 2017 y 2023 abrieron un debate sobre la capacidad del sistema, hasta que en marzo de 2023 ambos países ampliaron el acuerdo de «tercer país seguro» a toda la frontera terrestre y el paso se cerró. En 2024 Ottawa volvió a exigir visado a la mayoría de los mexicanos y redujo sus objetivos de inmigración.

Cronología: Canadá en el hemisferio americano (siglo XXI)

Año	Acontecimiento
1990	Canadá ingresa en la Organización de Estados Americanos (OEA)
1994	Entrada en vigor del TLCAN (Canadá, EE. UU., México)
2009	Acuerdo de libre comercio Canadá-Perú
2010	Aportación de ayuda y tropas a Haití tras el terremoto
2015	Justin Trudeau llega al poder
2017	Canadá, miembro fundador del Grupo de Lima sobre Venezuela
2018	Firma del T-MEC/USMCA; creación del Defensor de la Responsabilidad Empresarial (CORE)
2020	Entrada en vigor del T-MEC
2023	Cierre del camino Roxham; Canadá declina liderar una fuerza en Haití
Marzo 2025	Mark Carney, primer ministro; aranceles de Trump a Canadá y represalias canadienses
Abril 2025	Carney gana las elecciones generales
Octubre 2025	Trump rompe las negociaciones comerciales tras el anuncio de Ontario
1 julio 2026	Revisión conjunta del T-MEC: EE. UU. no prorroga el tratado y se abren revisiones anuales
Septiembre 2026	Nuevos aranceles de represalia canadienses de hasta el 50 %