La rebelión de Túpac Amaru II (1780–1781)

El 4 de noviembre de 1780, en la provincia de Tinta, al sur del Cuzco, un cacique indígena hizo detener al corregidor Antonio de Arriaga cuando regresaba de una comida en el pueblo de Yanaoca; seis días después lo ejecutó públicamente en la plaza de Tungasuca. Con ese acto —calculado, simbólico y brutalmente eficaz— José Gabriel Condorcanqui, que se hacía llamar Túpac Amaru II, encendió la mecha de una de las mayores insurrecciones indígenas de la América colonial. Lo que empezó como una protesta contra los abusos de un funcionario local se convirtió en pocas semanas en un levantamiento que sacudió los cimientos del virreinato del Perú y que todavía hoy es símbolo de resistencia en toda América Latina.

La rebelión duró algo menos de dos años. Fue derrotada. Sus líderes fueron ejecutados con una crueldad ejemplarizante destinada a borrar hasta el recuerdo del apellido Túpac Amaru. No lo lograron. La insurrección dejó heridas que nunca cicatrizaron en el orden colonial y, para muchos historiadores —aunque la relación directa se discute—, anticipó las tensiones que treinta años después estallarían en los movimientos de independencia.

José Gabriel Condorcanqui: el hombre detrás del símbolo

José Gabriel Condorcanqui nació hacia 1738 en Surimana, en la provincia de Tinta. Reclamaba descender por línea materna —una genealogía que otros aspirantes le disputaban en los tribunales— de Túpac Amaru I, el último inca ejecutado por el virrey Toledo en 1572. Esta herencia no era un detalle menor: en el mundo andino colonial, el linaje incaico conservaba una legitimidad simbólica enorme, reconocida incluso por la administración española a través del sistema de cacicazgos.

Condorcanqui era un hombre de posición relativamente acomodada: cacique de Pampamarca, Tungasuca y Surimana, y dueño de recuas de mulas con las que trabajaba como arriero, transportando mercancías por las rutas que unían el Cuzco con el Alto Perú. Estudió en el Colegio de Caciques de San Francisco de Borja en el Cuzco, institución creada precisamente para dar formación a los hijos de la nobleza indígena. Hablaba quechua y castellano, tenía nociones de latín y conocía el derecho colonial. También conocía los mecanismos de la administración virreinal mejor que muchos de sus contemporáneos.

Durante años, y en particular en un largo viaje a Lima en 1777-1778, intentó por la vía legal que se reconociese su descendencia incaica y que se eximiera a su provincia de la mita minera de Potosí, el sistema de trabajo forzado que desangraba a las comunidades de su región. Fracasó en ambos empeños. Cuando tomó las armas, no lo hizo por impulso: lo hizo después de haber agotado las vías institucionales.

Las causas: un sistema que aplastaba

La rebelión fue el resultado de una larga acumulación de agravios. En el virreinato del Perú del siglo XVIII funcionaba desde hacía dos siglos un engranaje de extracción que, lejos de suavizarse, se había endurecido con las reformas borbónicas implementadas por la Corona española desde mediados del siglo XVIII.

Las reformas borbónicas tenían como objetivo aumentar la eficiencia fiscal y centralizar el control administrativo. En la práctica, para las poblaciones indígenas y mestizas del Perú, se tradujeron en más impuestos, más controles y menos excepciones. La alcabala —el impuesto sobre las compraventas— subió del 2 % al 4 % en 1772 y al 6 % en 1776, y se extendió a productos antes exentos; el visitador José Antonio de Areche instaló aduanas interiores que irritaron por igual a indígenas, mestizos y criollos. Además, la creación en 1776 del virreinato del Río de la Plata separó el Alto Perú y Potosí del circuito comercial del Cuzco. Por su parte, los corregidores practicaban el repartimiento de mercancías, legalizado a mediados de siglo: obligaban a los indígenas a comprar productos que a menudo no necesitaban, a precios inflados, y los endeudaban durante años.

Y luego estaba la mita. La mita de Potosí y de otros centros mineros pesaba como una losa sobre las provincias obligadas a ella. Los indígenas seleccionados para servir en las minas lo hacían en condiciones brutales: polvo de mineral que destruía los pulmones, frío extremo, accidentes, enfermedades. Las comunidades que proveían mitayos se despoblaban; quienes huían eran perseguidos; quienes se quedaban soportaban la carga de los ausentes.

El estallido y la expansión del levantamiento

La ejecución del corregidor Arriaga el 10 de noviembre de 1780 en Tungasuca fue el detonante, pero la movilización que siguió reveló que el campo estaba listo para arder. En pocas semanas, Túpac Amaru II controlaba una parte importante de las provincias del sur del Perú. Mestizos, criollos descontentos y comunidades indígenas de distintas etnias se unieron a su causa, aunque las alianzas eran frágiles y las motivaciones diversas.

El 18 de noviembre de 1780, las fuerzas rebeldes infligieron una derrota importante al ejército colonial en la batalla de Sangarará. Fue un momento decisivo: demostró que los insurgentes podían combatir con eficacia en campo abierto y que el virreinato no podía subestimar la amenaza. Pero también marcó el inicio de las vacilaciones de Túpac Amaru II: en lugar de avanzar sobre el Cuzco mientras tenía el impulso, marchó hacia el sur, hacia el Collao, y cuando por fin puso cerco a la ciudad, a finales de diciembre, las defensas ya se habían reforzado. El asedio fracasó en enero de 1781. Muchos historiadores ven en esa demora el error estratégico que condicionó el resto de la campaña; Micaela Bastidas se lo reprochó en cartas que se conservan.

El programa político de Túpac Amaru II era más moderado de lo que su imagen posterior sugiere. En sus proclamas iniciales no proclamó la independencia de España —de hecho, decía actuar en nombre del rey contra los malos funcionarios—, aunque un bando posterior en el que se le presenta como soberano ha alimentado un largo debate sobre sus verdaderas intenciones, que Jan Szeminski exploró en La utopía tupamarista. Pedía la abolición de la mita y del repartimiento forzado de mercancías, la supresión de los corregidores y el reconocimiento de los derechos de los pueblos andinos bajo la Corona. Era una reforma profunda, no una revolución total. Sin embargo, en la práctica, el levantamiento adquirió dimensiones más radicales según avanzaba: las matanzas de españoles y criollos y la destrucción de obrajes y haciendas daban a entender que la base social de la rebelión tenía demandas que iban más allá del programa oficial de su líder.

La derrota y la represión

La respuesta colonial fue masiva. El virrey Agustín de Jáuregui movilizó tropas desde Lima al mando del mariscal José del Valle, y recurrió también a milicias criollas y a caciques indígenas leales a la Corona, como Mateo Pumacahua. La fractura dentro del mundo indígena fue decisiva: no todos los pueblos andinos apoyaron la rebelión. Las rivalidades entre cacicazgos y el miedo a las represalias llevaron a muchas comunidades a mantenerse al margen o incluso a combatir contra los insurgentes.

A principios de 1781, la balanza se inclinó definitivamente hacia los realistas. Túpac Amaru II fue capturado el 6 de abril de 1781, traicionado por algunos de sus propios seguidores. La sentencia, dictada por el visitador Areche, fue diseñada para ser una lección permanente. El 18 de mayo de 1781, en la plaza principal del Cuzco, Túpac Amaru II fue obligado a presenciar la ejecución de su esposa Micaela Bastidas —pieza clave en la organización de la rebelión—, de su hijo Hipólito y de otros colaboradores; su hijo menor, Fernando, fue obligado a mirar. Después se intentó descuartizarlo atado a cuatro caballos y, al no conseguirlo, fue decapitado. Las partes de su cuerpo fueron enviadas a distintos pueblos para exhibirlas como advertencia. Charles F. Walker reconstruye estos meses con detalle en La rebelión de Tupac Amaru.

Las autoridades coloniales prohibieron las vestimentas incaicas, los retratos de los incas y hasta la lectura de los Comentarios reales del Inca Garcilaso, y persiguieron a la familia del rebelde. Pretendían borrar no solo a un hombre, sino a una memoria. No lo consiguieron.

Cronología de la rebelión

Fecha	Acontecimiento
4 de noviembre de 1780	Detención del corregidor Antonio de Arriaga en Tinta
10 de noviembre de 1780	Ejecución pública de Arriaga; inicio formal del levantamiento
18 de noviembre de 1780	Batalla de Sangarará: victoria rebelde sobre las tropas coloniales
Dic. 1780–ene. 1781	Fracasa el asedio rebelde del Cuzco
Marzo–abril de 1781	Contraofensiva realista dirigida por José del Valle
6 de abril de 1781	Captura de Túpac Amaru II y su familia
18 de mayo de 1781	Ejecución de Túpac Amaru II, Micaela Bastidas y otros colaboradores en el Cuzco
Marzo–octubre de 1781	Túpac Katari cerca La Paz; es ejecutado en noviembre
1781–1783	La lucha continúa bajo Diego Cristóbal Túpac Amaru hasta su rendición y posterior ejecución

Legado: la llama que no se apagó

La rebelión de Túpac Amaru II fue derrotada militarmente, pero su impacto histórico no puede medirse solo en victorias y derrotas de campo de batalla. A corto plazo, la Corona española sí realizó algunas de las reformas que los insurgentes demandaban: se abolió el repartimiento forzado de mercancías y los corregidores fueron sustituidos, a partir de 1784, por intendentes y subdelegados. El miedo a una nueva rebelión funcionó como acelerador reformista.

A largo plazo —y ya Boleslao Lewin, en La rebelión de Túpac Amaru y los orígenes de la emancipación americana, subrayó esta proyección—, el nombre Túpac Amaru se convirtió en uno de los emblemas más poderosos de la resistencia latinoamericana. En el siglo XX, el movimiento guerrillero uruguayo Tupamaros tomó su nombre, igual que, en el Perú, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. En el Perú, la figura del rebelde inca fue reivindicada por el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado en los años setenta. Y en Bolivia, el levantamiento paralelo de Túpac Katari —que llegó a cercar La Paz durante meses— ha alimentado las tradiciones de resistencia indígena que perviven hasta hoy en el pensamiento político andino.

Micaela Bastidas merece mención especial. Su figura ha sido durante mucho tiempo relegada a un papel secundario, pero los historiadores modernos reconocen que fue ella quien mantuvo la logística de la rebelión, quien reclamaba a su marido que avanzara con más decisión y quien gestionó las comunicaciones y los suministros de las fuerzas insurgentes. Estudios recientes, como el de Charles F. Walker, la sitúan en el centro de la dirección rebelde.

La rebelión de 1780–1781 es también un espejo de las contradicciones del mundo colonial tardío: una sociedad donde la sociedad criolla acumulaba su propio descontento, donde los africanos y sus descendientes construían sus propias formas de resistencia en palenques y comunidades cimarronas, y donde el orden colonial mostraba las grietas que, tres décadas después, se convertirían en fracturas definitivas.